España no figura en el radar argentino al pensar en reformas educativas. Sin embargo, ofrece un tamaño poblacional similar (49,5 millones de habitantes frente a los 47 de Argentina), un sistema descentralizado-regional, un porcentual de inversión de su PIB comparable (mayor en Argentina) y una red amplia de instituciones públicas y privadas, con resultados que, sin ser excepcionales, demuestran avances, año tras año.
España es, además, un miembro (invitado permanente) del G20, que combina rasgos de país desarrollado con desafíos sociales y estructurales (precariedad laboral, crisis habitacional, productividad, aumento de la brecha entre ricos y pobres, etc.) más próximos a los de América Latina, que a los de sus pares europeos. Por eso podría pensarse como una opción razonable para inspirar transformaciones, sin cambios radicales o rupturistas.
Estructura y cobertura del sistema
Se organiza en cuatro etapas principales: Educación Infantil (0 a 6 años), Educación Primaria (6 a 12), Educación Secundaria Obligatoria o ESO (12 a 16) y el Bachillerato (16 a 18), que prepara para los estudios superiores. Desde 2006, la educación es obligatoria hasta los 16 años, procurando garantizar una base común para todos los jóvenes.
Tras la secundaria, los estudiantes pueden optar entre cursar el Bachillerato o ingresar a la Formación Profesional (FP) de Grado Medio. En 2024, más del 70% de los alumnos que completó la ESO, continuó su formación. El abandono escolar temprano (jóvenes de 18 a 24 años que no completaron la secundaria ni siguen estudiando) se redujo al 13,6 %. Cuatro puntos por encima del promedio europeo, pero muy por debajo del 30% que registraba en 2008.
El ejercicio del magisterio, en las diferentes etapas, requiere título de grado y en algunos segmentos, posgrados. Las plazas se obtienen por concurso. Un sueldo inicial de escuela primaria se ubica en torno a los 2.300 euros (el básico es aproximadamente la mitad) con 35 a 37,5 horas semanales de dedicación.
La FP: puente entre educación y empleo
Es un pilar del sistema, integrado en tres niveles o grados: Básico (2.292 centros en todo el país), Medio (3.187 instituciones) y Superior (2880 centros). Este último permite el acceso directo a la universidad. En 2024-2025, la FP representó el 14,29 % de la matrícula total (creciendo un 4,7%, el segmento de mayor movilidad), con 1,2 millones de estudiantes. Más del 40% se concentró en sanidad, administración y finanzas, e informática y comunicaciones.
La FP es eficaz para la inserción laboral: según el Ministerio de Educación y Formación Profesional, cerca del 70% de los egresados superiores consigue empleo en menos de un año. El plan combina prácticas en empresas, módulos de especialización y la posibilidad de acreditar competencias adquiridas en la experiencia laboral, articulando educación y mercado de trabajo.
Acceso y trayectoria universitaria
Debe cursarse previamente el Bachillerato (de dos años, que se imparte en 4.938 instituciones presenciales y 185 a distancia, contando con 700.000 alumnos) y rendirse la Evaluación de Acceso a la Universidad, un examen común a todas las comunidades autónomas que pondera la nota de Bachillerato y la calificación de la prueba. En 2025, el examen fue aprobado por aproximadamente 270.000 estudiantes, el 94% de los que se presentaron.
La educación superior española mantiene un carácter público predominante (78% del total de estudiantes -1,7 millones- datos 2023–2024). Las tasas de graduación varían según las ramas del conocimiento. El 56% de los ingresantes obtiene su título de grado en el tiempo previsto más un año. En Educación y Salud, el índice de finalización supera el 70%; en Ingeniería y Arquitectura ronda el 36%. Derecho, Administración y Dirección de Empresas, Enfermería, Psicología e Ingeniería Informática son las más demandadas.
El 44% de los jóvenes de 25 a 34 años en España posee educación terciaria o universitaria (por caso, en Argentina, la cifra es del 21%, con unos 400.000 egresados de secundario por año).
Descentralización y cohesión
Las comunidades autónomas administran gran parte del sistema, pero existe un marco común definido nacionalmente que garantiza la equivalencia de los títulos y la movilidad de los estudiantes. Este equilibrio constituye un rasgo valioso del modelo español, combinando capacidad de respuesta local con la preservación de estándares nacionales.
El posgrado y la formación continua
En 2023 se registraron más de 250.000 matriculados en maestrías, con predominio de áreas vinculadas a educación, economía, ingeniería y salud, tanto profesionalizantes como de investigación. En doctorado cursan aproximadamente 93.000 estudiantes, de los cuales un 44% son extranjeros, lo que refleja la internacionalización del sistema.
En paralelo, la oferta de formación continua, microcredenciales (validación de conocimientos o destrezas laborales certificadas) y títulos propios (certificaciones conforme criterios de cada institución) de las universidades crece rápidamente, adaptándose a la demanda de actualización profesional. El vínculo entre universidades, empresas y administraciones públicas se profundiza. El aprendizaje a lo largo de la vida se concibe y ejecuta como política de Estado.
Evaluación y aseguramiento de la calidad educativa
En la educación obligatoria, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE) coordina las pruebas nacionales y la participación española en evaluaciones internacionales como PISA (OCDE). En 2022 mostró desempeños ligeramente superiores al promedio de la OCDE en lectura (474 puntos frente a 472) y ciencias (485 frente a 485), aunque algo por debajo en matemáticas (473 frente a 472), con diferencias entre comunidades autónomas. En el ámbito universitario, la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), creada en 2002, garantiza acreditación de títulos oficiales, evaluación del profesorado y certificación de los sistemas internos de calidad institucional. Junto con las agencias autonómicas como AQU Catalunya, ACSUG en Galicia o DEVA en Andalucía, conforma una red reconocida por la European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA), facilitando el reconocimiento mutuo de titulaciones en el Espacio Europeo de Educación Superior. En 2023, el 96% de las titulaciones oficiales de grado y máster habían superado los procesos de verificación o renovación exigidos por ANECA, y más del 80% de las universidades públicas contaban con sellos de calidad institucional.
Un modelo de equilibrios posibles
España consolidó políticas sostenidas de inclusión, profesionalización docente, articulación entre niveles y adaptación a los cambios productivos.
En un tiempo interesante para tomar iniciativas, la comparación no pretende idealizar. España enfrenta desafíos de calidad, desigualdades regionales y una tasa de abandono escolar temprano aún superior al promedio europeo. Sin embargo, resulta especialmente interesante su estructura de cuatro años de ESO y la variedad que se abre inmediatamente con la FP, el Bachillerato, la especialización y otras trayectorias alternativas. De todos modos, las diferencias en los mecanismos de acceso y permanencia en la educación universitaria requieren, indudablemente, un análisis más profundo.
¿Es posible innovar y mejorar los resultados sin destruir lo existente, equilibrando tradición y modernización, autonomía y responsabilidad pública? Mirar el modelo español permite aprender de un país que, con condiciones estructurales semejantes a las nuestras, avanza en la construcción de un sistema previsible, integrado y eficaz.