La Corte Suprema rechazó la queja del Gobierno y confirmó la orden para distribuir alimentos a comedores
En una decisión que cerró definitivamente la discusión judicial, la Corte Suprema resolvió este jueves no dar curso a un planteo del Estado Nacional y dejó firme la orden que exigía al Ministerio de Capital Humano presentar un plan para distribuir alimentos almacenados y destinados a comedores comunitarios.
El expediente llegó al máximo tribunal a través de una queja presentada por Leila Gianni —en ese momento a cargo de la Subsecretaría Legal de Capital Humano, liderado por Sandra Pettovelo— con el patrocinio de Rodolfo Barra. La presentación buscaba revertir la resolución dictada por los tribunales federales de Comodoro Py, argumentando que el Poder Judicial estaba invadiendo competencias propias del Poder Ejecutivo.
El conflicto se había originado después de que el Gobierno suspendiera el envío de alimentos en el marco del “Plan Nacional Argentina contra el Hambre”.
En paralelo, el dirigente social Juan Grabois promovió acciones penales y contenciosas, mientras diversas investigaciones periodísticas señalaban que existían cerca de cinco millones de kilos de alimentos —incluida leche próxima a vencer— almacenados en depósitos ubicados en Villa Martelli y Tafí Viejo.
Alimentos y comedores: el caso del Ministerio de Capital Humano
La fiscal Paloma Ochoa solicitó medidas urgentes y pidió que la mercadería fuera enviada a comedores estatales. Si bien el juez federal Sebastián Casanello reconoció que la distribución de esos productos forma parte de las atribuciones del Ejecutivo, ordenó de todos modos la elaboración de un plan detallado que contemplara tipo de alimento, cantidades, fechas de vencimiento y población destinataria. Además, requirió un inventario completo en un plazo de 72 horas.
Gianni apeló y, en medio de fuertes cuestionamientos públicos al accionar judicial, la discusión llegó a la Cámara Federal. Durante la audiencia, las tensiones fueron tales que los jueces pidieron sanciones tanto para Grabois como para Gianni.
Los camaristas Martín Irurzun, Eduardo Farah y Roberto Boico ratificaron la medida cautelar y recordaron que el Ministerio podía haber pedido una prórroga, pero optó en cambio por insistir con la supuesta “intromisión” judicial.
Posteriormente, el Ministerio acudió a la Cámara de Casación, que también rechazó su planteo. Como último intento, se presentó la queja ante la Corte.
Sin embargo, los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti resolvieron desestimarla por “inadmisible”, amparándose en el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
