Javier Milei, segundo año de reacomodamiento: luces y sombras del modelo económico
El segundo año del gobierno de Javier Milei expone un proceso de reordenamiento económico profundo, con transformaciones que alcanzan aspectos nominales, productivos, laborales y sociales. La economía muestra mejoras en algunos frentes centrales, pero también fracturas, asimetrías e incertidumbre estructural que condicionan la sostenibilidad del sendero actual. La dinámica general puede describirse como un tránsito hacia un nuevo esquema de funcionamiento, donde los avances conviven con tensiones persistentes que todavía no encuentran una resolución definitiva.
Uno de los fenómenos más visibles del período es la desaceleración de la inflación. Tras un ciclo previo marcado por cambios abruptos en precios relativos y presiones inflacionarias generalizadas, el país comenzó a operar en un entorno de mayor estabilidad nominal. Esta transición aporta previsibilidad para la toma de decisiones empresariales, para la planificación de inversiones y para el funcionamiento más ordenado de los mercados financieros y cambiarios. También crea condiciones para que sectores históricamente relegados puedan evaluar nuevas oportunidades, aunque los efectos no sean inmediatos ni homogéneos.
En paralelo, la actividad económica muestra señales de recuperación. Distintos organismos multilaterales, estudios privados e informes oficiales proyectan crecimiento del PBI, impulsado por sectores estratégicos y por un contexto donde la estabilización nominal contribuye a reducir comportamientos defensivos. La mejora en expectativas favorece la reactivación de proyectos productivos que estaban postergados, mientras que la reducción de distorsiones macroeconómicas permite un funcionamiento más claro de los mercados. Sin embargo, este avance no elimina los desafíos estructurales que arrastra la economía argentina, y cuya resolución excede la mera estabilización nominal.
Este avance macroeconómico convive con una recuperación heterogénea en la economía real. La macroeconomía ofrece señales claras de orden y reactivación, pero la microeconomía continúa enfrentando dificultades significativas. La brecha entre lo que indican los agregados macro y lo que perciben los hogares y las pequeñas empresas sigue siendo amplia. Esta diferencia refleja un problema de transmisión: las mejoras en las grandes variables requieren tiempo para convertirse en mejoras palpables en la vida cotidiana, especialmente en contextos de alta informalidad y de ingresos fragmentados.
La apertura económica, la desregulación y la orientación hacia sectores transables generaron un impacto directo en la estructura productiva. Algunos sectores se adaptaron rápidamente y aprovecharon las nuevas reglas de juego. La agroindustria, la energía y la minería se posicionan entre los grandes beneficiarios del proceso. Estos sectores, altamente vinculados al mercado externo, encuentran condiciones más favorables para expandirse, atraer inversiones y mejorar su productividad. Su dinamismo contribuye al crecimiento global de la economía y ofrece potencial para el desarrollo de cadenas de valor, aunque su impacto en el empleo directo sea más limitado.
Los servicios financieros también se ven favorecidos por el nuevo entorno. La normalización de precios relativos y la mayor previsibilidad macroeconómica mejoran el clima de negocios y atraen operaciones que durante años estuvieron retraídas. El sistema financiero, luego de años de inestabilidad, encuentra un espacio para reorganizarse y ofrecer nuevos instrumentos, contribuyendo a la intermediación y al financiamiento de algunos sectores productivos.
La construcción privada, especialmente en segmentos medios y altos, muestra un comportamiento particular. Si bien la obra pública se contrajo, la inversión privada en desarrollos inmobiliarios retomó cierta actividad, impulsada por expectativas más estables y por la necesidad de resguardo patrimonial. Este repunte no es uniforme en todo el país ni en todos los segmentos, pero constituye una señal de que algunos actores perciben mayor claridad en las reglas de juego.
En contraste, sectores vinculados al mercado interno enfrentan un panorama más complejo. Las pymes industriales y comerciales son uno de los sectores más vulnerables del proceso. La combinación de costos elevados, demanda debilitada y competencia de importaciones plantea desafíos significativos. Muchas pequeñas empresas operan al límite, con dificultades para acceder a crédito o para sostener planteles laborales estables. La heterogeneidad sectorial es alta: mientras algunas pymes vinculadas a cadenas dinámicas logran adaptarse, otras enfrentan un escenario más adverso.
El consumo interno es uno de los puntos más débiles de la cadena económica. La masa salarial real sigue por debajo de niveles previos, especialmente entre los sectores de menores ingresos. Esto afecta directamente a la demanda agregada, que aún no logra consolidar un rebote firme. Los hogares muestran comportamientos de gasto más prudentes, condicionados por la informalidad, la irregularidad en ingresos y la falta de expectativas claras sobre la recuperación del poder adquisitivo. Este fenómeno impacta en sectores como el comercio minorista, los servicios personales y actividades regionales intensivas en mano de obra.
El mercado laboral reproduce esta heterogeneidad. Aunque la tasa general de empleo se mantiene relativamente estable, el empleo formal no recupera aún los niveles previos al inicio del ajuste. La creación de empleo registrado avanza lentamente, mientras que la informalidad conserva un peso considerable dentro de la estructura laboral. La calidad del empleo, antes que la cantidad, emerge como un desafío central. Las diferencias salariales entre sectores dinámicos y sectores rezagados se profundizan, generando tensiones distributivas.
El frente externo constituye otro componente crítico. Las reservas brutas se sostienen gracias a acuerdos financieros y flujos externos, pero las reservas netas permanecen en niveles reducidos, lo que implica que la estabilidad cambiaria requiere un manejo cuidadoso y continuo. El tipo de cambio opera como ancla nominal, contribuyendo a la desaceleración inflacionaria, pero este rol exige disciplina fiscal, control monetario y una estrategia clara para aumentar la disponibilidad genuina de divisas. La vulnerabilidad ante shocks internacionales es un factor presente en la evaluación de los riesgos hacia adelante.
En materia de deuda, el financiamiento disponible permite transitar la fase de ajuste, pero plantea interrogantes para el mediano plazo. Para garantizar su sostenibilidad será necesario sostener el crecimiento, promover la expansión de las exportaciones y evitar desequilibrios macroeconómicos que puedan comprometer los compromisos de pago. La estabilidad de la deuda está condicionada por factores tanto internos como externos, y su evolución dependerá de la capacidad del país para mantener un sendero de crecimiento sostenido.
La estrategia de libertad económica y desregulación apunta a generar eficiencia, incentivar la inversión y dinamizar la economía. La reducción de regulaciones, la apertura comercial y el ordenamiento macro han mejorado el clima de negocios y favorecido la reactivación. No obstante, los efectos distributivos muestran dimensiones complejas. La liberalización beneficia primero a los sectores con mayor capacidad de adaptación, mientras que sectores dependientes del mercado interno o con menor productividad enfrentan una transición más exigente. Esta tensión distributiva es uno de los ejes que definirán la evolución del modelo en los próximos años.
Las perspectivas hacia 2026 y 2027 dependen de la capacidad del país para sostener esta etapa de reordenamiento sin acentuar las brechas existentes. Las proyecciones anticipan que la estabilización nominal y la recuperación de la actividad continuarán, siempre que se mantengan ciertos pilares fundamentales: solvencia fiscal, crecimiento de exportaciones, recomposición de reservas, mejora del ingreso real y adaptación del ecosistema pyme al nuevo entorno competitivo. Pero también existen riesgos, como la persistencia de la informalidad, la fragilidad externa y las tensiones derivadas de una distribución desigual del crecimiento.
El segundo año del gobierno muestra, en definitiva, un proceso de transformación que combina avances claros con desafíos persistentes. La economía se estabiliza y algunos sectores crecen, pero la recuperación es desigual y requiere una estrategia más amplia para que sus efectos se extiendan a toda la estructura productiva y social. El camino hacia adelante dependerá de la capacidad del país para equilibrar eficiencia, sostenibilidad y desarrollo social, de modo que el crecimiento pueda traducirse en mejoras concretas para una porción cada vez mayor de la población.
