La Caja de Jubilaciones de Córdoba: entre el ajuste, la opacidad y la resistencia social
La discusión sobre la Caja de Jubilaciones de Córdoba ha vuelto con fuerza, y esta vez el gobernador Martín Llaryora decidió colocar todas las opciones sobre la mesa: desde un incremento de aportes personales hasta la posibilidad —hace años impensada— de transferir la administración al ANSES o incluso delegarla a los gremios. Con un déficit proyectado para 2026 que supera los $750 mil millones y una deuda acumulada que la provincia reclama al Gobierno nacional, el Ejecutivo insiste en que el sistema previsional cordobés es “inviable” en su configuración actual y demanda que los trabajadores activos asuman una parte mayor del financiamiento.
Sin embargo, la posición del Gobierno contrasta con la mirada del Foro Solidario Córdoba, que pone el foco en un problema estructural que antecede a cualquier déficit coyuntural: treinta años de intervención continua, opacidad en la administración, desplazamiento del edificio histórico de la Caja, desmantelamiento del acceso público a la información financiera y un vaciamiento institucional que ha impedido cualquier auditoría social o control ciudadano. Desde la migración del Centro de Cómputos al Panal hasta la conversión del inmueble de Av. Colón 97 en museo, el Foro denuncia una serie de decisiones que implican la pérdida del patrimonio que pertenece a trabajadores activos y jubilados.
Mientras el Gobierno provincial justifica la ampliación de la facultad para elevar aportes personales hasta un 4% adicional, los gremios recuerdan que muchos sectores ya cargan con un extra impuesto desde 2023 y advierten que la medida no busca solucionar el problema de fondo, sino seguir financiando un modelo de administración que nunca rindió cuentas sobre fondos complementarios, desvíos presupuestarios y uso de recursos previsionales para prioridades políticas ajenas a la seguridad social.
En paralelo, la Nación tampoco queda fuera de la crítica. El Gobierno de Javier Milei ha recortado transferencias previstas en los pactos fiscales a las cajas no armonizadas, lo que profundiza el ahogo financiero. Pero además, impulsa una reforma laboral que pretende convertir los recursos del ANSES en un seguro de indemnización, abriendo la puerta a utilizar dinero previsional para cubrir costos empresariales, una medida repudiada por todo el arco sindical y previsional por su carácter antisocial y regresivo.
El Foro Solidario advierte que ni la sostenibilidad del sistema ni los derechos adquiridos pueden discutirse sin reconocer primero las responsabilidades políticas que han mantenido la Caja intervenida durante tres décadas, sin balances públicos y sin una estrategia de fortalecimiento autónomo. Señalan que no puede hablarse de déficit sin revisar los miles de contratos precarios incorporados en el Estado provincial sin aportes suficientes, ni de “privilegios” sin analizar el impacto de leyes como la 10.694, que recortaron haberes, dilataron pagos y ajustaron beneficios sin resolver nada.
En este escenario, la Provincia argumenta que la única salida es trasladar el costo del sostenimiento a los trabajadores o resignar el manejo de la Caja. El Foro responde que esa lógica equivale a renunciar a un sistema previsional propio, robusto y con capacidad de garantizar derechos, para avanzar hacia un modelo de ajuste permanente disfrazado de reforma.
Frente a la ofensiva combinada de recortes, opacidad y reformas regresivas, la única estrategia posible es la organización, advierten las entidades previsionales. La defensa de la Caja no es un problema sectorial: es la defensa de un derecho conquistado a lo largo de generaciones y un límite al avance del modelo que busca convertir la seguridad social en un botín financiero.
Por eso, hoy más que nunca, se vuelve imprescindible una convocatoria clara y contundente a trabajadores activos, jubilados y organizaciones sindicales: sostener la unidad, redoblar la movilización y defender una Caja Provincial transparente, autónoma y al servicio de sus verdaderos dueños.
Sólo con la fuerza colectiva será posible frenar el ajuste provincial, resistir el vaciamiento nacional y proteger los derechos previsionales que hoy están en riesgo como nunca antes.
