Detuvieron a Luis Arce, ¿Quién va a querer ser presidente?

En un operativo comando, fuerzas policiales detuvieron (¿o secuestraron?) a ex presidente boliviano Luis Arce, supuestamente en el marco de una investigación por corrupción. Se trataría de hechos irregulares en el financiamiento del Fondo Indígena para la producción de tomates y por esa misma causa antes la Justicia había ordenado la detención preventiva de la ex diputada Lidia Patty. Sin embargo, según la ex ministra de la presidencia, María Nela Prada, no hubo ni notificación, ni llamado formal a declarar en sede judicial, ni nada. Por eso denunció que más que una detención legal fue un secuestro: “Él (Arce) estaba solo, lo han metido a un minibús con vidrios negros, simplemente lo han agarrado, lo han subido a un minibús”.

Luis Arce fue presidente del Estado Plurinacional de Bolivia desde el 2020 hasta hace poco más de un mes, cuando el 8 de noviembre entregó el mando al derechista Rodrigo Paz Pereira. Antes de ser presidente, Arce había sido ministro de Economía de Evo Morales, el primer presidente indígena de Bolivia, con quien en los últimos tiempos mantuvo una durísima disputa que rompió su partido, el Movimiento al Socialismo (MAS), y permitió el retorno de la derecha a conducir los destinos del país.

El propio Evo Morales viene sufriendo persecuciones judiciales (llamadas lawfare) por la investigación de una relación y un hijo con una menor. También quien asumió como presidenta luego del golpe de Estado de 2019, Jeanine Añez, fue condenada a 10 años de cárcel por sedición y por las matanzas de Sacaba y Senkata, pero no cumplió ni la mitad de su condena. Entró a la cárcel en 2021 y salió en 2025, coincidiendo con los vientos políticos.

Son casos distintos, Evo Morales está denunciado por supuestos delitos de instancia privada, Añez por golpismo y ahora Arce, por supuesta corrupción. Pero lo que es igual es que cuando cada uno de ellos dejó la presidencia, enfrentó causas judiciales e incluso detenciones. Y este fenómeno no se está dando solo en Bolivia, sino en distintos países de Latinoamérica.

El Perú quizá sea el caso más emblemático, con cinco ex presidentes acusados de delitos. Alberto Fujimori por violaciones a los Derechos Humanos, Pedro Castillo por “rebelión institucional”, y los ex mandatarios Alan García, Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski por corrupción. Alan García se suicidó antes de ser detenido y los otros tres fueron a la cárcel.

En Brasil sufrieron cárcel tanto Collor de Melo como el actual presidente Luiz Inacio “Lula” da Silva, mientras que Jair Bolsonaro está preso y condenado a 27 años de prisión por golpista.

En Colombia fue condenado el ex presidente Álvaro Uribe por los famosos “falsos positivos”, que eran ejecuciones extrajudiciales de campesinos a quienes luego mostraban como guerrilleros.

En Ecuador, el ex presidente Rafael Correa fue perseguido judicialmente y vive autoexiliado en Bélgica.

En Argentina tenemos el caso de Carlos Menem, acusado por tráfico ilegal de armas a Croacia y Ecuador, pero salvado por sus fueros de senador. Y en la actualidad el caso de Cristina Fernández, condenada a 6 años de prisión por supuestos hechos de corrupción.

En Centroamérica, tenemos casos diversos: Ricardo Martinelli en Panamá, Mauricio Funes en El Salvador, Juan Orlando Hernández en Honduras, Otto Pérez Molina en Guatemala. También son muy diferentes los casos, que van desde corrupción, hasta narcotráfico. Pero otra vez, la constante es que la Justicia siempre les llegó cuando perdieron el poder político.

Éste es un fenómeno relativamente nuevo, podríamos decir del nuevo milenio, y, sobre todo, de los últimos 15 años, en algún punto emparentado con otro fenómeno social y político como el “golpe blando”.

En un principio, alguien podría pensar que es una señal de madurez democrática, que un ex presidente también pueda ser investigado, porque de esta manera se demuestra que, de verdad, todos somos iguales ante la ley. Permítanme dudar de eso.

En realidad, lo que viene sucediendo en Latinoamérica es que cambió un mal por otro mal. Antes había una defensa corporativa de la clase política que garantizaba la impunidad del poder. Y eso está muy mal, obviamente. Pero ahora lo que se ve es la utilización descarada de la Justicia por parte de los intereses políticos y, en muchos casos, la búsqueda de venganza más que de justicia.

¿Alguien cree que si dejara el gobierno Nicolás Maduro no iría preso, o Daniel Ortega de Nicaragua, o Raúl Castro en Cuba? O, desde el otro extremo político, ¿alguien duda de que Javier Milei, sin fueros, debería estar preso por la criptoestafa, el endeudamiento ilegal y hasta por apología de la violencia? Pero, más allá de que alguien ideológicamente esté a favor o en contra de esos gobiernos, lo que nunca podrá ser considerado justicia es el ensañamiento político. Cuando la justicia no es pareja, tampoco es justicia. La justicia debería ser ciega y no mirar ni quién es el que comete un delito, ni el momento en que lo comete. No puede ser bueno que los presidentes en funciones tienen una impunidad total para hacer lo que quieran, y, cuando dejan el poder, pasen automáticamente a estar en la mira de una Justicia que, además, es tan o más corrupta que el poder político, o peor, a su servicio.

El problema que se avizora es que, en estas condiciones, ocupar cargos ejecutivos empieza a convertirse en una garantía de cárcel futura, con el daño que esto representa al sistema democrático.