Mendoza, en lucha por el agua: la oposición al proyecto de explotación minera
El poder mendocino tiene una ley por la que bregó durante todo el año. Puntualmente, desde que el gobernador Alfredo Cornejo posara con una roca de cobre en la apertura de sesiones legislativas.
Se trata de un proyecto minero en el Cerro San Jorge, que guarda similitudes con un texto rechazado en el año 2011.
La cuestión derivó en una masiva manifestación en las calles. Con caravanas que fueron llegando a la ciudad de Mendoza desde los diferentes valles se manifestaron en contra de la norma unas 20.000 personas.
Pero el Senado lo aprobó. Y las voces que denuncian las deficiencias del dictamen técnico del Estudio de Impacto Ambiental surgieron desde las asambleas provinciales hasta especialistas de la Universidad Nacional de Cuyo y el Conicet.
Una voz histórica en la materia es el géografo Marcelo Giraud, que hoy sentencia: “Acá para aprobar la Ley no se despejaron dudas ni se aportó la información necesaria. Y no se descartó el riesgo de contaminación tanto del acuífero de Uspallata como del río Mendoza, que aguas abajo abastece a 3 de cada 4 mendocinos y riega el mayor oasis agroindustrial de la provincia”.
En diálogo con el programa Mirá Quien Habla, adujo su oposición “eliminar y convertir en un gran hoyo el cerro San Jorge”, con “el uso de una importante cantidad de sustancias químicas, que consideramos tóxicas”.
Se mostró distante a la idea de que “obtener concentrado de cobre para exportar al sudeste asiático a través de puertos chilenos” sea necesario “para la inserción de Mendoza en los mercados internacionales”.
Y trazó una comparación con Chile, el país vecino que es una meca del cobre: “Allá descartaron el gran proyecto Pascua Lama en etapa de desarrollo. En Chile, el 80% de la extracción de cobre es en el norte, donde no hay agricultura irrigada y usan por la desalinización de agua de mar. Pero por un lado allá la vitivinicultura no se desarrolla aguas abajo de un proyecto minero. Y por el otro, Chile es uno de los países donde la minería metalífera como actividad económica, genera la mayor conflictividad con la agricultura”.
El especialista remarcó que, después de que la Provincia publique el decreto en el Boletín Oficial, lloverán recursos de amparo “por los altísimos riesgos de impacto ambiental”.
A su vez, para las autoridades la cuestión “abre un escenario complejo por la licencia social, ya que las calles demuestran que no está”, y a sabiendas de que el proyecto “dejaría paupérrimas regalías metalíferas” a Mendoza.
