Argentina, junto a EE. UU. e Israel, el pasado 25 de noviembre votó de forma negativa la resolución de la ONU contra la eliminación del uso de la tortura. El documento, tratado cada tres años, exige la eliminación de cualquier tipo de tortura, a la vez que pide medidas de prevención para los Estados que lo firman.
Tal decisión de la Argentina, que rompe la tradición en materia de derechos humanos, causa inquietud no sólo por su impacto en el mundo sino porque pone en vilo garantías constitucionales de protección a los ciudadanos argentinos contra la violencia institucional.
Esta es una de las tantas medidas de política exterior del actual gobierno argentino que se aparta de acuerdos centrales internacionales sobre los problemas globales, y que nos permite destacar la vinculación entre decisiones de política exterior y la vida real de los ciudadanos.
La política exterior de Milei tiene comando con Trump, y por lo tanto cada decisión -en voto o en pronunciamientos- que está tomando la Argentina en organismos multilaterales, foros o grupos internacionales, implica que los representantes argentinos deben evaluar primero si no se desvían de las decisiones de EE.UU. Seguir a Estados Unidos en sus opciones de política exterior tiene costos altos para países como el nuestro, además de los vinculados a pérdida de soberanía, desnacionalización de las políticas públicas, o traslado de costos económicos, existen otros que no resultan tan obvios. Esto ha llevado a que los especialistas indiquen que estamos frente a una “diplomacia presidencial”, en tanto sujeta a la lógica de las afinidades políticas de Milei más que a la de una diplomacia basada en un horizonte de beneficios estratégicos para la Argentina.
La decisión de Argentina de no acompañar la declaración final de líderes del G20 en Johannesburgo 2025, la salida de la Organización Mundial de Salud y de la Agenda 2030 que expresa los problemas globales y finalmente el voto reciente en la ONU, son los indicadores propios de una política exterior destinada también a ordenar internamente los derechos de los ciudadanos argentinos
La política exterior de este presidente dispara contra todas esas instituciones o asociaciones básicamente porque no está dispuesto a comprometerse con el conjunto de obligaciones cruzadas que apareja la participación en esos espacios o la firma de los acuerdos. Muchas de las cuales beneficiarían claramente los intereses nacionales de los ciudadanos argentinos.
Milei se desmarcó del G20 hace unos días pues no está dispuesto a firmar ningún acuerdo que implique no adherir a la negociación de la paz que Trump lidera entre Israel y Palestina. Nos mete en las guerras de otros, con lo cual cabe recordar el impacto de decisiones como estas en la Argentina que nos valieron atentados como el de la Amia y el de la Embajada de Israel en épocas de Menem. Ciudadanos argentinos en peligro por guerras ajenas.
Sacó a la Argentina de la Organización Mundial de la Salud porque le implicaba acordar algunas cuestiones adosadas, por ejemplo, el compromiso de procurar campañas de vacunación en Argentina, porque así son los acuerdos que firman los Estados en la OMS. A través de su red regional en América —Organización Panamericana de la Salud (OPS)— la OMS facilita un mecanismo llamado Fondo Rotatorio para Acceso a Vacunas. Ese fondo permite a los países de la región comprar vacunas —y otros insumos médicos— a precios reducidos, gracias a compras consolidadas, economías de escala y condiciones más accesibles, lo que podría bajar costos internos de esos productos en los Estados miembros. Acceso a derechos a la salud denegado para los ciudadanos argentinos.
Renuncia a la agenda 2030 y a todos los acuerdos a ellos vinculados porque implica aceptar la transición energética y la crisis ambiental que establece la misma y el compromiso de adoptar políticas públicas nacionales que los afronten. Por ejemplo, disminuir la pobreza, auditar la deuda externa, aumentar indicadores de salud pública y muchas más obligaciones. Todos esos compromisos eran posibles de ser financiados para las políticas internas de Argentina vía cooperación internacional. El efecto inmediato es que al negarse a esos acuerdos nos priva a los argentinos de financiamiento para esos objetivos y por lo tanto de acceso a los mismos. Priva a los científicos argentinos de obtener financiamiento para su producción científica al negarse a que Argentina sea un país comprometido con los problemas globales que están destruyendo el planeta y su humanidad. (Fijados en los ODS de la agenda de cooperación internacional 2030).
La política exterior y de relaciones internacionales de un gobierno argentino en su amplio espectro (comercial, votos en organismo internacionales, defensa humanitaria, contracción de deuda y otras) tiene incidencia directa sobre la calidad de vida de los ciudadanos. Esto tiene una cierta obviedad: más deuda externa contraída por el gobierno, más ajuste social porque eso exigen los organismos internacionales que nos prestan, pero también impactan otras políticas. Por ejemplo si por atraer inversiones internacionales se otorgan exenciones impositivas a laboratorios extranjeros para la provisión de medicamentos, se encarecerán los de producción nacional, sobre los cuales el Estado tiene capacidad de regular precios. Y aumentan los medicamentos para los ciudadanos.
¿Es diferente en otros países? Tomo dos ejemplos; seguramente las decisiones en Finlandia o en EE.UU. sobre política exterior pueden mantener un cierto margen de autonomía sobre la calidad de vida de sus ciudadanos. En el caso de Finlandia porque tienen el escudo de la Unión Europea que los obliga a un cierto control regional sobre estos temas y EE.UU. porque su poder como Estado en el mundo lo hace directamente protagonista de misiones propias de acuerdo a sus intereses políticos. Pero en Argentina, una política exterior y de relaciones internacionales con alineamiento a intereses de otros Estados, subordinada y sin horizonte estratégico de beneficios nacionales, tiene y tendrá altos costos sociales.