Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, consideró una cautelar presentada por el Consejo Interuniversitario Nacional y suspendió el decreto del Gobierno Nacional que frena la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.
En la resolución, la Justicia le ordena al Poder Ejecutivo cumplir de manera inmediata con la actualización de las partidas destinadas al pago de salarios docentes y becas estudiantiles previstas en la ley 27.795.
Cabe recordar que esta ley fue aprobada en el Congreso, vetada por el presidente Javier Milei, y ratificada en las dos cámaras, por lo que su aplicación debía ser inmediata.
En ese marco, a través del Decreto 759/2025, el Gobierno Nacional había frenado su aplicación bajo el argumento de que no especificaba de dónde saldrían los fondos para llevar adelante lo que el texto de la ley indica.
El juez federal Cormick hizo lugar a un amparo colectivo promovido por el CIN y otras entidades contra el Estado Nacional y cuestionó la validez constitucional del decreto presidencial.
El texto plantea que "la insistencia legislativa no admitiría en el prematuro análisis que permite efectuarse cautelarmente, otra solución que la efectiva aplicación de la ley que se trata”.