Protesta contra el ajuste de Llaryora: critican la debilidad para reclamar ante Nación y ya hay un amparo

Aún sin ser publicado en Boletín Oficial, el ajuste previsional que se apresta a ejecutar el Gobierno provincial ya generó el primer amparo en la Justicia, según lo manifestó el reconocido abogado constitucionalista Jorge Horacio Gentile. No pasaron siquiera 24 horas.

Complejo, discrecional, ambiguo en algunos aspectos, con incontables ítems y asteriscos, la reforma que anunció el lunes el gobernador Martín Llaryora plantea un achatamiento de la pirámide de salarios y jubilaciones y le quita previsibilidad al sistema, habilitando presentaciones particulares en el ámbito judicial.

Con un video de más de tres minutos, Llaryora expresó que el objetivo principal de la reforma no es otro que sanear el "déficit estructural de la Caja de Jubilaciones".

Un detalle, que no pasó inadvertido a los referentes de los gremios aportantes, es que el supuesto déficit total asciende a 800 mil millones de pesos; los más optimistas suponen que, de concretarse sin obstáculos la reforma, el ahorro podría ascender a unos 150 mil millones. Es decir, en el mediano plazo, el déficit seguirá siendo estructural.

“Está claro que esto no va a sanear el déficit y que las Cajas no van a dejar de ser deficitarias. Creemos que el Gobierno busca fondos para encarar alguna obra, pero son especulaciones propias. La verdad, lo desconocemos. Porque ni siquiera conocemos los movimientos de la Caja, ni sus partidas, pero está claro que tampoco van a solucionar lo `estructural´ ajustando a los trabajadores. Mucho menos vemos que exista una política de reclamar con contundencia los fondos que adeuda Nación”, dice en diálogo con Cba24n el secretario general de La Bancaria Córdoba, Ezequiel Morcillo.

Al eliminar el Fondo Solidario de Cobertura y Financiación para Desequilibrios de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba (FOCCA), que fijaba los aportes personales en el 4%, el nuevo esquema de alícuotas promovido por el Gobierno de Córdoba fue calificado de "progresivo": quienes perciben menos de 755 mil pesos (brutos) pasarán a aportar el 2%, mientras que los salarios de la punta de la pirámide llegarán hasta el 6% o 8%, a los que se agrega un nuevo punto de aporte a APROSS.

En el caso de magistrados y bancarios, la retención total puede significar más del 30% del salario bruto del trabajador, un cuadro calificado por varios dirigentes como "confiscatorio".

-Si se suman todas las retenciones al salario de los bancarios (aportes personales, APROSS, Ganancias) se supera en muchos casos el 30% del ingreso bruto, algo que muchos de los gremialistas califican como "confiscatorio".

Morcillo- Los bancarios estamos alcanzados por la totalidad de 4% de aportes de 2023, y ahora (esperamos la reglamentación, que no ha sido publicada aún en BO) por lo que está diciendo, la mayoría de los bancarios estaríamos entre un 4% y 6%, y la plana gerencial del banco estaría alcanzada por el 8%. Esto nos llevaría a un 26%, a lo que hay que sumar los aportes para la obra social y el impuesto a las Ganancias… superaremos el 30% de nuestros ingresos en impuestos, lo que convierte la situación en confiscatoria.

-¿Cómo interpreta el objetivo declarado del Gobierno de “sanear la Caja”?

Morcillo- En primer lugar, nosotros vemos que la solución no es seguir ajustando a los trabajadores activos, ni tampoco a los jubilados. Este supuesto déficit, y digo supuesto porque los números de la Caja de Jubilaciones se desconocen: es una cuestión de fe, y se espera que se crea en lo que dice el Gobierno de Córdoba. No hay balances publicados, como tampoco hay claridad en los números. Este déficit se puede componer de muchos factores, como los diversos arreglos que ha hecho el Gobierno para bajar los aportes de los sindicatos de algunas actividades que se debían compensar con un mayor aporte patronal; nosotros tenemos serias dudas de que ese aporte patronal se esté realizando. Es más, creemos que se está contabilizando como déficit toda esa parte patronal. Y especialmente hay una falta de claridad en la pelea ante Nación para reclamar los fondos que le corresponden a Córdoba.

– El Gobierno presentó la medida con el objetivo de lograr un sistema solidario, cuando la naturaleza del actual sistema previsional es de por sí solidaria y progresiva.

Morcillo- Claro, la base del sistema previsional es solidaria: aportan más los que tienen mejores sueldos. Nosotros vemos que son parches, y que se va repitiendo la historia. Desde que asumió Llaryora, nos puso un 1%, 2%, 3% y 4%, que no se actualizó más. Ese también es el temor: qué va a pasar con estas franjas, porque si no se actualizan y las paritarias avanzan, todos podrían terminar aportando un 8%.

Otros puntos

Como contrapartida, Llaryora promete una mejora ligera para los que están en la base. Según los números que divulga el Gobierno, para el 74% de los empleados activos (y para el 87% de los docentes) el impacto será neutro. Para aquellos que perciban menos de 1,3 millones (bruto) habría una mejora no remunerativa de alrededor de 100 pesos.

Entre los puntos más sensibles, y susceptibles de litigio, aparecen la discrecionalidad que detenta el Ejecutivo para modificaciones futuras y reglamentaciones y la posibilidad de que los "beneficios" para la base se licúen por la no actualización de los parámetros salariales.

Dividir el arco gremial

Las nuevas alícuotas, con los beneficios no remunerativos para la base salarial, podría generar una brecha de intereses sobre el universo de trabajadores y un eventual disgregamiento del repudio gremial a la reforma oficial. Es todo potencial.

“Respecto a la estrategia judicial, sabemos que no es fácil litigar contra el Gobierno (nota del redactor: fue designado este 23 de diciembre el nuevo presidente del Tribunal Superior de Justicia, Domingo Sesín) pero sabemos que son caminos que hay que recorrer. A saber, el litigio contra las medidas de 2023 todavía están en el TSJ”, expresó el secretario general de La Bancaria.

-¿Qué espera para la marcha del lunes próximo?

Morcillo- Las expectativas son las de una marcha contundente, con participación de muchos compañeros. ¿Hasta dónde vamos a ir? Hasta que por lo menos nos habiliten un canal de diálogo. No se puede caer siempre en el recorte de sueldos y jubilaciones. Está claro que nosotros no generamos el déficit; el déficit lo generan las distintas medidas que han tomado los sucesivos gobiernos. No existe una Caja de Jubilaciones que dé ganancias: las Cajas siempre van con aportes del Estado. El Gobierno de Llaryora tiene que hacerse cargo de eso y no buscar desprenderse de su responsabilidad.

Así las cosas, el asunto no perfila sencillo. Son muchos los factores que se entrecruzan. Si el Presupuesto 2026 del Gobierno nacional es aprobado, sin las derogaciones de las leyes de financiamiento universitario y emergencia en discapacidad, es posible que los recursos desde Nación continúen menguando y las cuentas provinciales pasen del rojo al negro.