El Gobierno de Javier Milei afronta este viernes una jornada decisiva en el Senado, donde desde el mediodía comenzará el tratamiento del Presupuesto Nacional 2026. El oficialismo tiene garantizados los votos para aprobar la iniciativa en general, pero el verdadero desafío aparecerá cuando se avance en el debate en particular, especialmente por un artículo que genera fuertes reparos en sectores de la oposición dialoguista.
La sesión definirá si el Ejecutivo logra cerrar el año legislativo con una señal política positiva o si el impulso conseguido tras el resultado electoral del 26 de octubre se ve opacado por nuevas tensiones parlamentarias. La aprobación definitiva del Presupuesto permitiría dejar atrás el golpe sufrido en Diputados, cuando se eliminó el Capítulo XI del proyecto. En cambio, si la iniciativa vuelve a la Cámara baja, aun cuando termine convirtiéndose en ley la semana próxima, el escenario político sería muy distinto.
En principio, La Libertad Avanza cuenta con los números necesarios para la aprobación en general. A ese respaldo se sumará una parte del interbloque Popular: al menos cuatro de los cinco senadores del bloque Convicción General votarían junto al oficialismo y los sectores dialoguistas, llevando el respaldo por encima de los 40 votos.
Sin embargo, el conflicto se concentra en el artículo 30°, que en sus incisos deroga disposiciones sensibles vinculadas a la educación, la ciencia y el financiamiento de la defensa. En particular, se propone eliminar el artículo 9° de la Ley de Educación Nacional, artículos clave del sistema de financiamiento científico-técnico y un inciso del Fondo Nacional de la Defensa. Estas medidas despertaron objeciones explícitas de senadores radicales como Maximiliano Abad y Flavio Fama, cuyas posturas podrían complicar al oficialismo si se amplían dentro del bloque.
El Gobierno apuesta a replicar la estrategia utilizada en Diputados y lograr que la votación se realice por capítulos y no por artículos. El artículo 30° está incluido en el Capítulo II del proyecto, lo que podría diluir el rechazo puntual. No obstante, el margen de maniobra es limitado: el Ejecutivo ya decidió no introducir cambios para evitar nuevos riesgos y no puede modificar el texto sin obligar a que el proyecto regrese a la Cámara baja.
Toda la negociación quedó bajo la supervisión de la presidenta del bloque oficialista, Patricia Bullrich, que monitorea voto a voto el avance de la iniciativa. Un traspié no solo pondría en jaque el Presupuesto, sino que podría generar un efecto dominó sobre el resto de la agenda de extraordinarias, como ya ocurrió con la reforma laboral, cuyo tratamiento fue postergado tras las dificultades del oficialismo en Diputados.