A escasas horas de que concluya el año, el Gobierno tuvo su primer gran logro legislativo: el Congreso aprobó en Sesiones Extraordinarias el proyecto de Presupuesto con el que “debería” manejarse la gestión libertaria durante todo 2026, algo que no había ocurrido ni en 2025 ni en 2024.
Pese a que fue un día agitado en la Cámara Alta y que se notó la mano de Patricia Bullrich y Diego Santilli para “arreglar” y conseguir votos opositores no kirchneristas, donde no hubo sorpresas fue entre los representantes de los cordobeses.
Como era de esperar, Cármen Alvarez Rivero (LLA) y Luis Juez (Frente Cívico) acompañaron tanto en particular como en general la iniciativa del Gobierno, mientras que Alejandra Vigo (Provincias Unidas) se abstuvo, disconforme con el monto que el Presupuesto 2026 destina a cubrir el déficit de las cajas previsionales no transferidas, como es el caso de la de Córdoba.
Así, la esposa del exgobernador Juan Schiaretti siguió los pasos de los diputados de ese espacio, que habían votado en la misma sintonía cuando el debate se dio en la Cámara Baja.
Menos educación
Uno de los puntos que mayores diferencias planteó entre los senadores fue el que “eliminó” para el año próximo el piso obligatorio que el Gobierno deberá destinar a inversión en educación, ciencia y tecnología.
Específicamente, en el Artículo 30 del capítulo II se optó por suprimir el Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional y el Fondo Nacional de la Defensa (FONDEF).
En otro apartado de ese mismo capítulo, el Presupuesto 2026 faculta al Ministerio de Capital Humano a “interrumpir las transferencias de fondos –de por sí escasos– a universidades nacionales si éstas no envían “en tiempo y forma” la “información necesaria para asignar, ejecutar y evaluar los recursos que se les transfieren por todo concepto”.
Otro de los puntos salientes de la aprobación fue la sanción del proyecto de Inmunidad Fiscal, una suerte de nuevo blanqueo que permitirá, entre otras cosas, la no sanción por parte de los organismos de control (AFIP, ADUANA, ARCA) a quienes no declaren de dónde obtuvieron los dólares luego de que los ingresen a la economía formal, abriendo así una peligrosa puerta de acceso a mercados altamente interesados en este tipo de operaciones, como lo es el del narcotráfico.