La Justicia habilitó al Poder Ejecutivo a apelar la sentencia que había dejado sin efecto el protocolo contra los piquetes. Con esta decisión, la normativa continuará aplicándose hasta que un tribunal superior emita un fallo definitivo sobre el asunto.
Tras conocerse la resolución, Patricia Bullrich, ex ministra de Seguridad, expresó su satisfacción en la red social X y destacó que el protocolo no será suspendido mientras se tramita la apelación, remarcando que el mantenimiento del orden es una prioridad del Estado.
En la misma línea se manifestó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien confirmó públicamente que el esquema antipiquetes sigue en vigencia y dio por cerrado el tema con un breve mensaje difundido en redes sociales.
La controversia se originó a partir de un fallo dictado el lunes por el juez federal Martín Cormick, a cargo del Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal N.º 11. En esa oportunidad, el magistrado hizo lugar a una acción colectiva presentada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
Cormick había invalidado la Resolución 943/2023 —implementada durante la gestión de Bullrich y sostenida por la actual ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva— al considerar que el ministerio no tiene atribuciones para limitar derechos constitucionales mediante una resolución administrativa.
El CELS celebró inicialmente esa sentencia y sostuvo que el pronunciamiento judicial fijaba un límite claro a las facultades del Ministerio de Seguridad, al impedirle avanzar sobre garantías constitucionales.
Diversos sindicatos también manifestaron su respaldo al fallo original, ya sea a través de comunicados oficiales o publicaciones en redes sociales en las que valoraron la decisión del juez.
Sin embargo, la situación cambió este martes, cuando la Justicia aceptó el recurso presentado por el Gobierno.
A partir de ello, el protocolo destinado a regular el orden público frente a cortes de calles seguirá operativo hasta que el caso tenga una definición final.
Desde el Ejecutivo ya habían adelantado su intención de apelar, defendiendo la medida como una herramienta clave para asegurar la libre circulación y el orden público, y señalando además que cuenta con un amplio apoyo social.