El juez de Cámara de Responsabilidad Juvenil de Catamarca y egresado de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), Rodrigo Morabito, analizó los proyectos de reforma del Código Penal que impulsa el Gobierno Nacional. En una entrevista en Fuerte y Claro, por las radios de las SRT, advirtió sobre los riesgos de legislar desde un "porteñocentrismo" y cuestionó la eficacia de endurecer las penas sin políticas públicas de fondo.
Su mirada propone una pausa ante la reacción punitiva inmediata: "La primera pregunta, antes de reaccionar rápidamente con el castigo, es qué pasó por la cabeza de esos adolescentes para cometer el crimen", señaló, haciendo hincapié en que el castigo por sí solo ha demostrado empíricamente no dar resultados.
Datos frente al relato: el espejo de la región
Uno de los puntos más sólidos del análisis de Morabito, quien además es integrante el foro penal adolescente de la Junta Federal de Cortes (JUFEJUS), radica en la comparación estadística con los países vecinos. El magistrado desarmó el argumento de que bajar la edad de imputabilidad mejora la seguridad:
- Uruguay: Tiene la edad de imputabilidad en 14 años y una tasa de homicidios de 10.4.
- Brasil: Con una edad más baja, supera los 20 puntos en su tasa de homicidios.
- Argentina y Cuba: Son los únicos que mantienen la edad en 16 años y ostentan las tasas más bajas de la región (3.8 y 3.4 respectivamente).
"Las ecuaciones no dan. Los países que han bajado la edad no han logrado mejores indicadores en materia de seguridad", afirmó tajante.
La "invisibilidad" del delito adolescente
Morabito precisó que el homicidio cometido por menores de 16 años es un fenómeno marginal en términos estadísticos. "Si sacas el homicidio adolescente por debajo de los 16 años, la cifra es ínfima, no supera el 1% en el país", explicó.
Además, diferenció los hechos de "inseguridad" (robos seguidos de muerte) de los crímenes ocurridos en contextos particulares o de violencia interna, como el reciente y doloroso caso de Jeremías Monzón. Para el juez, utilizar casos aislados y complejos para legislar una generalidad es un error de diagnóstico que responde más a una lógica política que jurídica.
El fracaso de la "mano dura" y la Reforma Petri
El magistrado recordó que Argentina ha venido endureciendo sistemáticamente su Código Penal desde las leyes Blumberg hasta la reciente "Reforma Petri", que eliminó beneficios como la libertad condicional para diversos delitos.
"Hemos venido endureciendo el Código y no hemos dado resultado al tema del delito", reflexionó. Criticó la consigna "a delito de adulto, pena de adulto", recordando que en la práctica ya se aplican las penas del Código Penal a los menores y que lo que falta es una ley de fondo penal juvenil moderna, ya que la actual data de 1980 y lleva la firma de Rafael Videla.
El desmantelamiento de los sistemas de protección
Para Morabito, la presencia del Estado suele llegar tarde y solo en forma de castigo. "Si el Estado pretende estar presente con castigo, quiere decir que antes no estuvo presente con políticas públicas", sentenció.
Denunció el desmantelamiento de los sistemas de protección integral en Latinoamérica y la falta de recursos básicos: "A veces ordeno un tratamiento por consumo problemático y no hay móviles ni nafta para trasladar al pibe. Darle dinero a los sistemas de protección no vende ni suma votos; darle chalecos y armas a la policía, sí".
Un enfoque desde la neurociencia
Finalmente, el juez instó a escuchar lo que la ciencia dice sobre el desarrollo humano. Citando la Observación General 24 del Comité de los Derechos del Niño, recordó que la neurociencia confirma que el cerebro humano termina de desarrollarse entre los 20 y 22 años.
"Las cárceles en Argentina son la crónica de un fracaso anunciado. Quien entra tiene más posibilidades de salir como un gánster que como alguien resocializado", concluyó, llamando a un consenso que busque reintegrar integralmente a los jóvenes en lugar de profundizar un ciclo de violencia que no resuelve el problema de fondo.