La tensión política que venía escalando entre el Centro Cívico y el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Córdoba dio este miércoles un salto definitivo: la Justicia Federal, a través del fiscal Tomás Casas, ordenó el allanamiento de las oficinas del organismo de control en busca de documentación y soportes digitales que permitan esclarecer el proceso de compra de drones destinados a la seguridad ciudadana y frenado por el Frente Cívico.
El operativo responde directamente a la denuncia penal presentada días atrás por el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros. El funcionario sostiene que existieron irregularidades y presuntas maniobras obstructivas en el visado de los expedientes para la adquisición de tecnología de vigilancia. Según la acusación del Ejecutivo, el accionar de los tribunos habría excedido las facultades de control, convirtiéndose en un obstáculo para la ejecución de políticas públicas de emergencia.
"Esto es un apriete, una avasallamiento pero nosotros vamos a seguir actuando", dijo Beltrán Corvalán, presidente del Tribunal de Cuentas quien además señaló que “es la primera vez en la historia que el Tribunal de Cuentas sufre esto”.
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