En un paso más en la confrontación contra el proyecto de reforma laboral, la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores convocaron formalmente a un paro con movilización nacional para cuando se inicie el debate en el Congreso. Ayer martes, Patricia Bullrich ratificó la fecha del 11 de febrero como puntapié inicial. La decisión de las centrales obreras se tomó este martes en un plenario conjunto de ambas organizaciones, en el marco del plan de lucha que vienen impulsando contra lo que califican como una iniciativa "regresiva para la clase trabajadora".
Este llamado se suma a las movilizaciones ya programadas: la de mañana jueves 5 de febrero en Córdoba y la del martes 10 de febrero en Rosario, con el objetivo declarado de "federalizar la lucha". Además, adhieren a la marcha convocada para el 7 de febrero en Plaza de Mayo bajo la consigna "#7Antifascista, Antirracista y Antiimperialista".
Los líderes de ambas CTA cargaron duramente contra el contenido del proyecto oficialista. Hugo "Cachorro" Godoy, secretario general de la CTA Autónoma, afirmó que se trata de "un ataque directo a los derechos de todo nuestro pueblo y un golpe a la democracia misma". En declaraciones durante el plenario, desestimó que sea una "modernización": "Es un intento de regresión brutal que pretende retroceder las condiciones laborales al siglo XIX: eliminar conquistas históricas como las vacaciones pagas, el descanso semanal, la indemnización, la jornada de 8 horas y las garantías mínimas de protección".
Godoy advirtió que, de aprobarse, la ley tendrá como consecuencias "más precarización, crecimiento de la informalidad, aumento del desempleo y mayor exclusión social". Y definió el objetivo político del gobierno: "Esta reforma busca deliberadamente maniatar al movimiento sindical, debilitando la organización colectiva para imponer un modelo de ajuste, disciplinamiento y pérdida de derechos. No es una reforma, es un retroceso".
Por su parte, Hugo Yasky, Secretario General de la CTA de los Trabajadores, contextualizó el ataque en una situación económica alarmante: "Argentina atraviesa uno de los salarios promedio más bajos de América Latina". Criticó la situación del sector público, "tomado como rehén, con una pérdida de alrededor del 30% del poder adquisitivo, en medio de anuncios de miles de nuevos despidos", y el "ahogo financiero de las provincias".
"La reforma laboral y el ajuste no son medidas aisladas", sentenció Yasky, "forman parte de un proyecto regresivo que busca descargar la crisis sobre quienes viven de su trabajo".
Mientras las CTA ya toman definiciones concretas respecto a su plan de acción, la situación contrasta con la de la Confederación General del Trabajo (CGT), que trastabilló en su intento de abrir diálogos con los gobernadores para contrarrestar la gestión del ministro del Interior, Diego Santilli. Aseguran que Martín Llaryora y Maximiliano Pullaro, gobernadores de Córdoba y Santa Fe respectivamente, les suspendieron una reunión de forma intempestiva. Reunión que el gobierno cordobés niega que estuviera en agenda.
Ante esto, la CGT convocó a una reunión de su consejo directivo para este viernes. Se espera que la central sindical más grande del país defina allí su posición y evalúe posibles medidas de fuerza propias frente al mismo proyecto, acorralada ante reclamos internos y externos por su inacción.