El gobierno nacional anunció este lunes el desbaratamiento de una banda que operaba desde cárceles del Sistema Penitenciario Bonaerense y estaría detrás del suicidio del soldado Rodrigo Gómez en la Residencia presidencial de Olivos.
La ministra de seguridad, Alejandra Monteoliva, encabezó una conferencia de prensa junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y a la jueza federal Sandra Arroyo Salgado.
El cuerpo del joven de 21 años, integrante del Escuadrón Chacabuco del Regimiento de Granaderos a Caballo General San Martín del Ejército Argentino, fue hallado sin vida en una garita de seguridad el pasado 16 de diciembre.
"Sacamos a la luz una red criminal. Ahora van a estar en el federal de alto riesgo y les aseguro que no van a ver un teléfono por mucho tiempo. Hoy el teléfono celular es un arma dentro de la cárcel", afirmó Monteoliva sobre la operación de la banda desde la cárceles de Magdalena y Olmos.
El Ministerio de Seguridad informó que la "Pyme del delito" utilizaba una serie de perfiles falsos de mujeres en apps de citas para captar a la víctimas y luego extorsionarlos con un "audio del terror".
En la grabación que disparaba el mecanismo de extorsión, una mujer denunciaba a la víctima de ser un "degenerado" por chatear con su hija menor de edad llamada Julieta Ayelén Cardozo.
La extorsión escalaba con el llamado de un presunto oficial de la Policía de la Ciudad que le reclamaba a la víctima la entrega de dinero a modo de chantaje. Según las pesquisas de la Justicia, los delincuentes lograron usurpar la identidad de uniformados de la fuerza de seguridad de la capital federal.
“Quien diría que entrar a una app de citas me traería muchos problemas. Me trajo problemas legales y muchas deudas, y ni siquiera con esos policías puedo solucionar nada porque supuestamente se les pagaba para que se solucionara. Esto parece ser estafa, solo piden más y más plata. Estos policías son corruptos", leyó Monteoliva al citar la carta que dejó el conscripto antes de quitarse la vida.
De acuerdo a la reconstrucción judicial de los movimientos financieros de la víctima, el exsoldado entregó en distintas oportunidades un monto total de $1.400.000.
La jueza Arroyo Salgado destacó el trabajo en conjunto, entre el Poder Judicial y la Policía Federal, para que la "muerte violenta" de Gómez no sea "un hecho que quedará impune".
Hasta el momento la causa tiene siete detenidos, tres presos en el Sistema Penitenciario Bonaerense y cuatro mujeres acusadas de cumplir roles de "recaudadoras".