En un fallo de alto impacto político, la Justicia federal dictó este lunes el procesamiento de Diego Spagnuolo, quien fuera el primer director de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) bajo la gestión de La Libertad Avanza. La medida, tomada por el juez Sebastián Casanello, alcanza también a otros 18 imputados en la causa que investiga un complejo entramado de corrupción en la compra de insumos médicos.
Según la resolución judicial, Spagnuolo fue procesado sin prisión preventiva por los delitos de asociación ilícita (en calidad de jefe), negociaciones incompatibles con la función pública y defraudación por administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública nacional. Además, el magistrado le trabó un embargo preventivo por más de $200.000 millones.
Los detalles del entramado
La investigación, que cobró relevancia tras la filtración de audios el año pasado, permitió reconstruir lo que Casanello describió como un "entramado de corrupción institucional". Según el fallo, la ANDIS fue "cooptada y empleada como vía de enriquecimiento" por una organización mixta compuesta por funcionarios y operadores privados.
Entre los puntos clave del procesamiento se destacan:
- Asociación ilícita: Además de Spagnuolo, se señaló como jefes a su exnúmero dos, Daniel Garbellini, y a los particulares Miguel Ángel Calvete y Pablo Atchabahian, quienes habrían controlado la operatividad del organismo desde el sector privado.
- Modus operandi: El juez detectó una lógica de "intermediación" en las compras, con licitaciones digitadas y sobreprecios que beneficiaban a droguerías específicas a cambio de retornos.
- El rol de los audios: Aunque las grabaciones filtradas —donde se mencionaba un reparto de dinero para figuras del entorno presidencial— funcionaron como disparador, el juez decidió no utilizarlas como prueba formal para evitar planteos de nulidad, basando el procesamiento en pruebas documentales y peritajes contables.
Un duro golpe al entorno presidencial
Diego Spagnuolo no es un funcionario más: es un hombre de extrema confianza de Javier Milei, a quien acompañó como abogado personal antes de asumir en la función pública. Su procesamiento representa un revés judicial significativo para el Gobierno, que semanas atrás había anunciado el cierre definitivo de la ANDIS tras el estallido del escándalo.
En su resolución, el juez Casanello fue contundente al advertir que la maniobra delictiva se realizó en "claro desmedro de la finalidad pública" de la agencia: la protección y cuidado de las personas en situación de discapacidad, uno de los sectores más vulnerables de la sociedad.