La Justicia rechazó los pedidos de Cristina Kirchner: seguirá con tobillera tobillera electrónica
La Cámara Federal de Casación Penal resolvió este viernes no hacer lugar al planteo de la defensa de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que buscaba que se le quitara la tobillera electrónica y se flexibilizaran las condiciones de las visitas mientras cumple prisión domiciliaria.
La decisión fue adoptada por mayoría en la Sala IV del máximo tribunal penal del país. Los jueces Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña votaron por rechazar el pedido, mientras que Mariano Borinsky se pronunció en disidencia.
Con este fallo, se mantienen las reglas actuales: la ex mandataria deberá continuar con el dispositivo de control electrónico y solo podrá recibir hasta tres personas por encuentro, dos veces por semana y durante un máximo de dos horas, siempre que no formen parte de su círculo familiar directo.
Reclamo por bienes y propiedades
En paralelo, el jueves los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola pidieron al Tribunal Oral Federal N°2 el decomiso de más de 140 inmuebles vinculados a la ex jefa de Estado y al empresario Lázaro Báez.
Entre los bienes mencionados figura el departamento de la calle San José 1111, donde Kirchner cumple actualmente la prisión domiciliaria. El planteo fiscal incluye además decenas de vehículos y sumas millonarias en dólares y pesos depositadas en cuentas y cajas de seguridad.
La pensión, en revisión
Por otro lado, la Cámara Federal de la Seguridad Social suspendió los efectos de la resolución de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) que había dado de baja la pensión que la ex presidenta percibía por el fallecimiento de Néstor Kirchner en 2010.
El tribunal declaró admisible el recurso presentado por la defensa de Cristina Kirchner y dejó en pausa la quita del beneficio. Sin embargo, la decisión fue apelada por el Ministerio de Capital Humano, por lo que el tema continuará en discusión judicial.
Así, la ex presidenta enfrenta un escenario judicial activo en varios frentes: restricciones en su régimen domiciliario, un pedido de decomiso de bienes y la disputa por la pensión previsional.
