La cuestión parece un tecnicismo y es presentada como la búsqueda de una “modernización” y la actualización del vínculo que, en cada actividad, se rige entre empleadores y trabajadores. Pero esconde -como otros varios artículos- la rotura de una relación entre partes que no es simétrica.
La referencia es el entramado de la mentada “Reforma laboral”, que la Cámara de Diputados trata este jueves en el recinto, proyecto que termina con la “ultraactividad” de los Convenios Colectivos de Trabajo.
No es el único punto, ya que, para empleados registrados, la creación de un “Banco de horas” en lugar del pago de tiempos extras trabajados, y el recorte en el cálculo de indemnizaciones tiene un fuerte impacto negativo.
Para cualquier actividad que se desempeñe “en blanco”, los Convenios fijan en la República Argentina, de manera formal, las condiciones laborales mínimas que se complementan con legislaciones generales. De acuerdo al área, establecen escalas salariales, las referidas a la productividad, las jornadas de trabajo y descanso, como así también las licencias y vacaciones.
Ante la complejidad de discusiones entre patrones y empleados, la ley nacional establece, hasta ahora, dicha “ultraactividad”: sino hay un Convenio nuevo, se sostiene el que está vigente. Los trabajadores se aseguran así discutir en condiciones que le puedan resultar favorables ante quienes toman las decisiones sobre las ganancias generadas.
El texto que discute el Congreso busca ponerle fin a esta cuestión, y establece una vigencia anual, tras la cual las partes dispondrán de 180 días para una rediscusión. En estos tiempos, los empleados llevan las de perder.
A su vez, esta “reconfiguración” del esquema de negociación colectiva le da prevalencia al “convenio de menor ámbito”; es decir, a los acuerdos por empresa y no por rubro.
Se trata de un punto más detrás de lo que parece prevalecer como idea: el desmantelamiento de la organización entre trabajadores detrás de la cobertura que brindan los gremios.
Especialistas y dirigentes gremiales anticipan que la cuestión generará una “mayor conflictividad laboral”, que incluirá una judicialización, debido a “la vulneración de derechos adquiridos previamente”.
Las limitaciones del derecho a huelga, la mentada quita del “aporte compulsivo” a sindicatos y las restricciones a la tutela y la protección sindical son otros botones de muestra.
La propuesta del oficialismo incluye, a su vez, la derogación de normativas que, por actividad, marcan pautas vinculadas al ejercicio democrático de las profesiones.
En ese sentido, el Círculo Sindical de la Prensa de Córdoba (CisPren) denuncia el atropello con la derogación del Estatuto del Periodista, incluido en tal sentido.