El Gobierno de Córdoba presentó este jueves un proyecto de ley que crea un Régimen Provincial de Protección de Víctimas de Delitos. La iniciativa ya fue enviada a la Legislatura.
La propuesta, titulada “Ley Joaquín”, en memoria de Joaquín Sperani, busca ordenar, reforzar y garantizar la tutela efectiva de quienes atraviesan un proceso penal. Lo hace estableciendo derechos claros y operativos, así como obligaciones concretas para el Estado y los operadores judiciales.
El texto sostiene que, pese a que el sistema penal prevé instancias de intervención para la víctima, en la práctica persisten asimetrías de información, demoras, barreras de acceso y riesgos de revictimización.
Hay una serie de derechos que deberán ser garantizados desde el primer contacto de la víctima con el sistema de justicia. Entre ellos, se incluyen:
-Trato digno, privacidad y no revictimización.
-Información clara y comprensible sobre el proceso penal y sus instancias.
-Acceso a patrocinio jurídico, incluso gratuito y especializado cuando sea necesario.
-Participación en el proceso, tanto aportando elementos de interés como ejerciendo derechos en audiencias y decisiones clave.
-Asistencia médica, psicológica, social y jurídica de manera gratuita y continua.
-Medidas de protección urgentes ante riesgos o situaciones de intimidación.
-Reparación integral del daño, por vía penal o civil.
Asimismo, el régimen incorpora el principio de debida diligencia, que obliga a las autoridades a actuar sin demoras, evitando que la intervención estatal agrave el daño sufrido.