Manuel Adorni suma dos denuncias penales por el viaje de su esposa a Nueva York
El Jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni, quedó en el centro de una fuerte tormenta judicial este miércoles tras confirmarse que su esposa, Bettina Angeletti, formó parte de la comitiva oficial que viajó a Estados Unidos a bordo del avión presidencial ARG 01. La polémica, que se originó tras el arribo de la delegación a Nueva York para participar de la "Argentina Week", escaló rápidamente hasta los tribunales de Comodoro Py con dos denuncias penales y un pedido de investigación administrativa.
La primera de las presentaciones judiciales fue impulsada por el abogado Gregorio Dalbón, quien radicó la denuncia por "malversación de caudales públicos" y "utilización indebida de bienes del Estado". Casi en simultáneo, la diputada nacional Marcela Pagano formalizó una segunda denuncia por los delitos de peculado, defraudación contra la administración pública, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Según la legisladora, el hecho cobra especial gravedad institucional ya que el propio Adorni había firmado, apenas diez días antes del viaje, una resolución que limitaba estrictamente el número de integrantes en las comitivas oficiales al exterior.
Por su parte, el funcionario nacional intentó desactivar la controversia mediante una justificación que despertó fuertes críticas en la oposición. Adorni aseguró en declaraciones televisivas que su esposa "pagó su pasaje" de manera privada con fecha del 26 de febrero, pero que debido a cambios de agenda de último momento, desde Presidencia "la invitaron a subirse" al avión oficial para que pudieran encontrarse en destino. "Vengo una semana a deslomarme a Nueva York y quería que mi esposa me acompañe", argumentó el Jefe de Gabinete, insistiendo en que no se gastó "ni un peso" del Estado.
Las causas quedaron radicadas en los juzgados federales de Daniel Rafecas y Ariel Lijo, mientras que el abogado Agustín Rombolá elevó un pedido formal a la Oficina Anticorrupción para determinar si el traslado se ajustó a la normativa vigente. En el Congreso, en tanto, diversos bloques opositores ya evalúan un pedido de interpelación para que el funcionario brinde explicaciones sobre lo que consideran un uso de privilegios de la "casta" política, contradiciendo el discurso de austeridad que pregona el Gobierno.
