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Lázaro Báez y sus hijos, sobreseídos parcialmente gracias a la Ley de Inocencia Fiscal de Javier Milei

El Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 3 dictó este martes el sobreseimiento parcial de Lázaro Báez, sus hijos Martín y Luciana, y otros once imputados en una investigación por evasión impositiva vinculada a la empresa Austral Construcciones. La resolución judicial se fundamenta en la aplicación de la recientemente sancionada Ley de Inocencia Fiscal, impulsada por Javier Milei, la cual actualizó los montos mínimos requeridos para que la falta de pago de tributos sea considerada un delito penal.

Los jueces Jorge Zabala, Fernando Machado Pelloni y Karina Perilli determinaron que, bajo la nueva normativa, la mayoría de los ejercicios fiscales investigados quedaron por debajo de los umbrales de punibilidad. Con la reforma legal, la evasión simple solo es perseguible penalmente si el monto supera los 100 millones de pesos por tributo y por año, mientras que para la evasión agravada el piso se elevó a los 1.000 millones de pesos. Al aplicar el principio de la ley penal más benigna, el tribunal cerró las actuaciones correspondientes a los años 2010, 2011, 2013 y 2014.

Sin embargo, el beneficio no fue total para el empresario santacruceño. El proceso judicial continuará su curso exclusivamente por el ejercicio fiscal 2012, ya que en ese período la deuda registrada por IVA y Ganancias excedió los nuevos límites establecidos por la ley. Según el fallo, las cifras detectadas en dicho año calendario superan los 113 millones y 178 millones de pesos respectivamente, lo que obliga a mantener la acusación vigente y avanzar hacia las siguientes etapas procesales.

La medida contó con la férrea oposición del fiscal general Diego Velasco, quien argumentó que la modificación de los montos no debería implicar una desincriminación de las conductas, sino que responde a una actualización por la inflación acumulada. A pesar de este planteo, el tribunal ratificó que el espíritu de la Ley de Inocencia Fiscal busca concentrar los recursos del Estado en la persecución de grandes perjuicios al erario público, dejando fuera del ámbito penal aquellas deudas que no alcancen los nuevos parámetros económicos vigentes.

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