En medio del debate por la regulación y el control del estacionamiento y los limpiavidrios impulsado por el gobernador Martín Llaryora, la Arquidiócesis de Córdoba emitió un comunicado titulado "Ciudades para todos". En el texto, la institución analiza la realidad de las personas que cobran por el estacionamiento en la calle y plantea una mirada crítica sobre las medidas que buscan la prohibición total de la actividad sin analizar y debatir el trasfondo social.
El documento, que lleva el sello de la Vicaría de los Pobres y la Pastoral Social, de Munir Bracco, vocero del arzobispo Ángel Rossi, comienza citando al Papa Francisco para denunciar una "sociedad de consumo" que genera "la cultura del descarte". Según la Iglesia, no se puede abordar la problemática de los denominados "naranjitas" sin entender el marco de exclusión económica actual.
"Se visualiza a las personas individualmente como si fueran plenamente libres (…) como si los empobrecidos y descartados del sistema eligieran vivir en la marginalidad", reza el texto.
El rol de las cooperativas
Desde el Arzobispado fueron tajantes respecto a las medidas de prohibición: "Estamos convencidos que la prohibición del trabajo popular no es la verdadera solución". En su lugar, proponen revalorizar los marcos legales existentes en la ciudad de Córdoba, haciendo especial énfasis en las ordenanzas que regulan a las cooperativas.
Los puntos que destaca la Iglesia sobre el sistema cooperativo:
- Tarifa fija: Evita situaciones de "extorsión" hacia los conductores.
- Organización territorial: Las cooperativas distribuyen las cuadras concesionadas, facilitando la tarea municipal.
- Control estatal: Los trabajadores están bajo la lupa de organismos como el INAES y el Ministerio de Cooperativas y Mutuales de la Provincia.
- Sustento familiar: Actualmente, el sistema agrupa a 7 cooperativas con más de 600 trabajadores, que son el sostén de cientos de familias cordobesas.
Diferenciar trabajo de delincuencia
La Iglesia reconoce que existen realidades complejas que rodean la actividad, como la delincuencia, el consumo de sustancias y los problemas de salud mental. Sin embargo, el comunicado pide "no meter todo en la misma bolsa".
"Una cuestión es el trabajo y la prestación de servicio público según las reglamentaciones y otra son estas realidades mencionadas", aclara el documento, delegando en el Estado la responsabilidad de un abordaje integral y sistémico para estas problemáticas sociales.
Finalmente, la Arquidiócesis instó a los espacios de planificación urbana a realizar estudios para asignar más zonas a permisionarios cooperativos o registros individuales avalados por instituciones de bien público, con el fin de evitar que los espacios queden sin regular y generen situaciones de conflicto.