Financiamiento universitario: la Justicia exige al Gobierno su aplicación inmediata
El Gobierno Nacional deberá aplicar de manera “inmediata” la Ley de Financiamiento Universitario que se había aprobado en el Congreso, el año pasado, según lo dispuso la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal.
De esta manera, se ordena que la administración pública cumpla de inmediato con los artículos 5 y 6 de la ley 27.795, que refieren a la actualización de los salarios de los docentes y no docentes de las universidades públicas entre el período 1/12/2023 hasta la sanción de la ley, en septiembre del 2025. También peticiona la recomposición de todos los programas de becas de los estudiantes.
En sus argumentos, según publicó la AgenciaNA, los jueces Sergio Fernández y Jorge Morán plantean que resultan poco serios los agravios presentados por el Estado relativos a que la medida cautelar constituiría una sentencia definitiva encubierta, según lo confirmó la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, luego de tres semanas de paro nacional universitario por recomposición salarial.
Finalmente, la apelación por parte del Poder Ejecutivo Nacional fue rechazada por la Justicia e hizo hincapié que tanto Diputados como el Senado votaron a favor del proyecto por mayoría . Asimismo, desestimó los argumentos en los que se apoyaba el Gobierno para no aplicar la norma ya sancionada y los calificó de “poco serios”.
Además, el Ejecutivo deberá poner en marcha, a la brevedad, la actualización de las becas y aseveró que la suspensión por decreto de la ley “es ilegítima”.
La línea de tiempos del tiempo perdido
El mes pasado, el Gobierno Nacional apeló la medida cautelar que lo obligaba a aplicar la ley, a través de la Procuración del Tesoro, dictada en diciembre de 2025, luego de un amparo llevado adelante por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).
Esta resolución se dio luego del reclamo conjunto del CIN y diversas universidades públicas ante el desfinanciamiento del sector, y luego de tres semanas de paro nacional universitario, que afectó a la mayoría de las casas de altos estudios del país, por la recomposición salarial.
El conflicto escaló notablemente entre 2024 y 2025, cuando masivas movilizaciones estudiantiles y gremiales tomaron las principales ciudades, con epicentro en la Ciudad de Buenos Aires y réplicas en distintas provincias.
En una segunda Marcha Federal en octubre de 2024 y una nueva protesta el 17 de septiembre de 2025 bajo el lema “Si hay veto, hay marcha”, cientos de miles de personas salieron a las calles para rechazar la decisión del Gobierno de vetar la ley de financiamiento universitario, que ya había contado con la aprobación parlamentaria.
A mediados del año pasado, la oposición logró sancionar una ley de financiamiento en el Congreso y sortear los vetos del presidente Javier Milei. Pese a ello, el Ejecutivo dictó un decreto para evitar la ejecución de la norma.
