En una entrevista brindada a Ahora Noticias, por Canal 10, Maximiliano Maita, delegado nacional de la Federación de Organizaciones en Lucha (FOL), brindó detalles sobre la crítica situación que atraviesan los beneficiarios del programa "Volver al Trabajo".
El dirigente anunció la presentación de un amparo judicial ante el inminente vencimiento de la asistencia, denunciando que la medida gubernamental deja en el desamparo total a un vasto sector de la economía popular. Según explicó Maita, la última fecha de cobro sería este 9 de abril, lo que impacta directamente sobre casi un millón de personas en todo el país.
El argumento central del reclamo legal radica en el incumplimiento de las metas que el propio Estado se fijó al reestructurar los planes sociales. Al respecto, Maita fue tajante al señalar que "el gobierno no cumplió ninguno de estos objetivos; no hay un solo informe que diga cuántas personas que eran beneficiarias se han incorporado al mercado formal del trabajo". En este sentido, denunció que las instancias de formación laboral hoy solo persisten gracias al esfuerzo de las organizaciones sociales, afirmando que "quienes hacemos capacitaciones hoy son las mismas organizaciones cooperativistas como las nuestras que tenemos una escuela de oficio".
La preocupación de las organizaciones también se centra en el congelamiento de los montos percibidos, los cuales no han sido actualizados pese al contexto inflacionario. El referente del FOL detalló que los beneficiarios cobran apenas 78.000 pesos, una cifra que calificó como una pérdida gravísima de poder adquisitivo. "Este congelamiento ya le ha quitado a las familias más del 70% del ingreso que tienen por este programa", advirtió Maita, quien además definió a esta política económica como "una confiscación encubierta" de los recursos destinados a los sectores más vulnerables.
Finalmente, el dirigente vinculó la retirada del Estado de los territorios con problemáticas sociales más profundas, como el avance de la criminalidad en los barrios populares. Sobre este punto, Maita alertó que "mientras esto se destruye, lo que avanza es el narcotráfico, que se convierte en una alternativa para una juventud que cada vez tiene menos futuro". Ante este panorama, las organizaciones no solo interpelan a la Justicia Federal, sino que también analizan exigir la intervención del Gobierno Provincial, amparándose en el artículo 36 de la Constitución de Córdoba que protege y fomenta el trabajo cooperativo.