Para su casa anterior, otras dos mujeres le habían prestado 100 mil dólares a Manuel Adorni
El escándalo inmobiliario que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó revelaciones que complican su situación ante la Justicia federal. Según los nuevos datos incorporados a la causa que lleva adelante el fiscal Gerardo Pollicita, el funcionario habría repetido una particular maniobra financiera para adquirir su departamento de avenida Asamblea al 1100, en Parque Chacabuco (CABA). El uso de hipotecas privadas otorgadas por mujeres jubiladas o particulares, eludiendo el sistema bancario tradicional, fue el modus operandi que utilizó el funcionario junto a su esposa, Bettina Angeletti, en la propiedad del barrio de Caballito que abrió la parte terrestre de un caso que arrancó en el aire, con los vuelos familiares.
En ese inmueble de Parque Chacabuco, las prestamistas que eran al mismo tiempo vendedoras fueron Graciela Isabel Molina de Cancio (prestó 85.000 dólares), y Victoria María José Cancio (prestó 15.000 dólares). Adorni y su esposa registraron el 15 de noviembre de 2024 la hipoteca de 100.000 dólares otorgada por estas dos mujeres, una de las cuales es una comisaria retirada de la Policía Federal. Lo llamativo para los investigadores es que ese crédito se instrumentó exactamente el mismo día en que Angeletti adquirió una casa en el country Indio Cua, en Exaltación de la Cruz.
Las operaciones tienen un nombre en común: todas estas transacciones fueron realizadas por la escribana Adriana Nechevenko, quien certificó las compras del departamento de Caballito, la casa del country y la mencionada hipoteca de Parque Chacabuco. Nechevenko, quien registra al menos siete visitas a la Casa Rosada desde que Adorni asumió funciones, fue citada a declarar como testigo este miércoles. El fiscal Pollicita le exigió la entrega de toda la documentación original de las operaciones para determinar si estas hipotecas privadas fueron una herramienta para justificar ingresos que el funcionario no podría explicar con sus declaraciones juradas.
La mira judicial también se extiende sobre el valor real de las propiedades. En el mercado inmobiliario advierten que el piso de 200 metros cuadrados en Caballito, declarado en 230.000 dólares, tendría un valor de mercado cercano al medio millón de dólares, lo que sugiere la existencia de pagos en negro. Además, una de las supuestas prestamistas de esa operación figura como beneficiaria de un programa de asistencia social para adultos mayores con ingresos mínimos, una contradicción flagrante con su rol de acreedora por montos de cien mil dólares.
El frente judicial no se agota en los ladrillos. El fiscal Pollicita también ordenó una batería de medidas para reconstruir la ruta de los viajes al exterior de la pareja. Se investigan escalas en Aruba, Perú, Ecuador y regresos desde Estados Unidos en primera clase, bajo la sospecha de que los gastos no coinciden con los ingresos declarados. Mientras el presidente Javier Milei ratificó su apoyo público al jefe de Gabinete en la última reunión de ministros, la fiscalía espera los testimonios del exdueño de la casa de Caballito y de la escribana de confianza para determinar si Adorni utilizó prestanombres para ocultar un incremento patrimonial injustificado.
