El gigante automotriz chino BYD se encuentra en el centro de una tormenta legal y ética en Brasil. El pasado 7 de abril de 2026, el Ministerio de Trabajo incluyó a la empresa en su "lista sucia", un registro oficial de empleadores que someten a trabajadores a condiciones análogas a la esclavitud.
Sin embargo, la permanencia de la firma en este listado duró apenas 48 horas antes de que un juez ordenara su retiro provisional.
El origen del conflicto: hacinamiento y servidumbre
La controversia comenzó en diciembre de 2024, cuando una inspección sorpresa en la futura planta de Camaçari, Bahía reveló una realidad alarmante. Las autoridades rescataron a un total de 224 trabajadores chinos que vivían en condiciones insalubres.
Los informes detallan que hasta 31 hombres compartían una sola vivienda con un único baño, donde la comida se apilaba en el suelo junto a sus pertenencias. Estos obreros, contratados para levantar la fábrica más avanzada de BYD fuera de China, sufrían:
- Confiscación de pasaportes y retención del 60% de sus salarios.
- Jornadas laborales de siete días a la semana, sin descansos.
- Restricción de movimiento, con prohibición de salir de los dormitorios sin autorización.
La respuesta corporativa y el giro judicial
Ante las acusaciones, BYD rescindió el contrato con la constructora Grupo Jinjiang, responsable directa de la contratación de los obreros. La automotriz defendió su postura asegurando que "no tolera faltas de respeto a la dignidad humana" y que realizó revisiones previas a las obras.
El reciente fallo del juez Luiz Fausto Marinho de Medeiros, que retiró a BYD de la "lista sucia", se basa en el argumento de que la empresa no era el empleador directo de los afectados. No obstante, inspectores del trabajo sostienen que BYD es "directamente responsable" por permitir que estas violaciones ocurrieran dentro de sus propias instalaciones.
Un futuro en vilo
A pesar del escándalo, la planta de Camaçari —que ocupa las antiguas instalaciones de Ford— fue inaugurada con la presencia del presidente Luiz Inácio Lula da Silva en octubre de 2025. Aunque BYD y sus contratistas acordaron pagar 40 millones de reales en compensaciones, aún enfrentan una demanda por daños de 50 millones de dólares por tráfico de personas y esclavitud.
La medida cautelar actual no exonera a la empresa, sino que congela el proceso administrativo mientras la planta continúa operando y produciendo miles de vehículos eléctricos para el mercado latinoamericano. La justicia brasileña aún debe dictaminar si una corporación puede, efectivamente, tercerizar la responsabilidad de los derechos humanos en su cadena de suministro.