Masacre del Banco Popular: el autor está en libertad y fue imputado por delitos de lesa humanidad
La memoria de la provincia de Córdoba se vio nuevamente sacudida tras conocerse que Miguel Ángel Salinas, el policía condenado por la brutal Masacre del Banco Popular Financiero de Río Cuarto, el 16 de septiembre de 1987, se encuentra imputado en una megacausa por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar.
Francisco Muzzio, hijo de Alejandro Muzzio —la víctima más joven de aquel asalto—, brindó un testimonio en el programa Tanta Trampa, por Canal 10 y las radios del SRT.
Aquel día, Salinas, quien trabajaba como adicional en el banco, esperó a sus compañeros para encadenarlos, encapucharlos y fusilarlos. El ataque dejó un saldo de seis muertos y un sobreviviente. Francisco, que tenía solo 11 meses de vida al momento del crimen, señaló que la capacidad operativa de Salinas para ejecutar tal matanza no fue casual: “Tenía la capacidad operativa de entrar a un banco, encadenar a siete varones y pegarle un tiro a cada uno a quemarropa… claramente había tenido formación dentro de la fuerza de seguridad para hacer lo que hizo”.
Un "muerto en vida" en las calles de Córdoba
Salinas fue condenado a prisión perpetua, pero en 2007 recuperó la libertad condicional por "buena conducta", decisión que la familia Muzzio siempre cuestionó. Desde entonces, el múltiple asesino reside en la ciudad de Córdoba, específicamente en barrio Colón, donde ejerce el oficio de electricista.
"Convivís con el asesino de tu viejo hace casi 20 años", remarcó el periodista Juan Cruz Taborda Varela, a lo que Francisco respondió con una templanza notable: “No le tengo miedo a un muerto en vida… lo único que queremos como familia es justicia”.
El vínculo con la dictadura
La novedad judicial que reabre las heridas es la inclusión de Salinas en la Megacausa Gutiérrez, que investiga la represión en el sur cordobés. Se lo acusa de delitos aberrantes como secuestro, tortura y abusos sexuales. Francisco reveló que ya contaban con testimonios informales de víctimas del terrorismo de Estado que identificaban a Salinas como su "carcelero" en comisarías durante los años 70.
Para Muzzio, esta nueva imputación permite completar el rompecabezas de lo que realmente sucedió en el banco en 1987. El argumento de Salinas de que robó porque "sus hijos no tenían zapatillas" resulta inverosímil frente a su historial: “Ahora confirmando que el tipo era parte de un entramado más complejo… logramos empezar a cerrar un círculo: el asalto no fue iniciativa de un policía y dos lúmpenes”.
Finalmente, Francisco subrayó que su lucha no es por venganza, sino por la dignidad de la memoria. "Nosotros no queremos que lo maten, ni que lo torturen, ni que lo fusilen encadenado al piso… queremos que lo juzguen en un tribunal y que reciba la condena que tiene que recibir en una cárcel común".
