La obra social PAMI atraviesa un conflicto que se manifiesta en la provincia de Córdoba y en distintos puntos del país, vinculado a la relación con prestadores médicos y con impacto directo en la atención de afiliados. El eje del reclamo está centrado en demoras en los pagos, actualización de honorarios y cambios en las condiciones de contratación.
Entidades médicas y clínicas señalaron atrasos en los cobros y valores de consulta por debajo de los costos operativos. En ese contexto, profesionales comenzaron a restringir prestaciones o evaluar la suspensión de servicios, lo que genera dificultades en la asignación de turnos y continuidad de tratamientos.
El escenario se inscribe en una serie de cambios administrativos implementados a nivel nacional durante la actual gestión, que incluyeron revisiones de convenios, auditorías y modificaciones en los circuitos de pago. Prestadores del sistema sostienen que estas medidas generaron demoras y tensiones en la cadena de financiamiento, con impacto directo en la prestación de servicios.
Desde los colegios y asociaciones médicas se indicó que la estructura arancelaria vigente no contempla la evolución de costos en insumos, servicios y salarios. También se plantearon diferencias respecto a los convenios y modalidades de facturación, lo que complejiza la relación entre prestadores y la obra social.
Por su parte, PAMI informó que se encuentra en proceso de revisión de contratos y mecanismos de pago, y que mantiene instancias de diálogo con los prestadores para sostener la red de atención. El conflicto continúa abierto y sus efectos ya se reflejan en demoras, reprogramaciones y dificultades de acceso a la atención para jubilados en distintas regiones del país.
