Estados Unidos siempre tuvo políticas imperialistas, pero en su propio beneficio. Una de ellas, fue el llamado “Sueño americano”, por el cual robó profesionales y cerebros a otros países, para el desarrollo propio.
Sin embargo, eso está cambiando. El actual presidente, Donald Trump, con sus políticas persecutorias contra su propia población, está conspirando contra su propio país, en épocas en que sus competidores (China, principalmente) hace todo lo contrario.
En su primer día en el cargo, el 20 de enero de 2025, Trump firmó una orden ejecutiva que negaba la ciudadanía estadounidense a los bebés nacidos de padres indocumentados y a los residentes legales pero temporales, como estudiantes, varias categorías de trabajadores extranjeros y turistas. El 1° de abril, la Corte Suprema escuchó los argumentos orales que impugnaban la prohibición y se espera que emita un fallo en junio.
La prohibición de ciudadanía a esos bebés nacidos en el país trae consecuencias económicas a largo plazo, también la reducción de la fuerza laboral nacida en Estados Unidos y un impacto generacional en la fuente de trabajadores que el país necesitará desesperadamente: médicos, enfermeros y cuidadores para la población estadounidense, que envejece rápidamente. También tiene ramificaciones de la creación de una subclase de niños nacidos en Estados Unidos, pero sin estatus legal, esencialmente apátridas. Siete estados están considerando actualmente legislación que prohibiría a los niños indocumentados asistir a escuelas públicas. Dicha legislación desafía un fallo de la Corte Suprema de 1982, que garantiza la educación pública gratuita para todos los niños, independientemente de su estatus migratorio.
Según un estudio del Center for Migration and Development de la Princeton University, la medida afectará la contribución económica de los ciudadanos estadounidenses nacidos de padres indocumentados o inmigrantes temporales. Se trata de un grupo de al menos 4 millones de beneficiarios, nacidos entre 1960 y proyecciones a 2045, y, aunque presentes en todo el país, se concentran principalmente en California, Florida y Texas. Dos tercios de esta población, más de 2 millones de trabajadores, se desempeñan o se desempeñarán en ocupaciones que requieren educación universitaria. Tomando una proyección a 100 años y utilizando dólares de 2024, el estudio cuantifica que hicimos estima que estos ciudadanos aportarán al menos 7.7 billones de dólares al PIB en un período de un siglo y solo los que nacerán en las próximas dos décadas aportarán más de 1 billón de dólares. Eliminar o restringir la ciudadanía por derecho de nacimiento supondría que Estados Unidos dejaría de percibir ese billón de dólares proyectado y perdería cerca de 400,000 trabajadores altamente calificados en las próximas décadas.
Además, contrariamente al objetivo vociferado por Trump de reducir la inmigración ilegal, la derogación de la 14.ª Enmienda provocaría un crecimiento masivo de la población sin estatus legal. Según el Migration Policy Institute, la población indocumentada aumentaría en 2.7 millones en 20 años y en 5.4 millones en 50 años. Se estima que cada año nacerían 255,000 niños sin estatus legal, incluyendo no solo a hijos de indocumentados actuales, sino también a sus nietos, creando una clase social excluida de por vida.
En relación a la brecha social, la eliminación de este derecho crearía una clase permanente de residentes ajenos al sistema, los niños crecerían sin acceso a Medicaid, asistencia alimentaria o beneficios gubernamentales. Sin estatus legal, los jóvenes enfrentarían matrículas universitarias de estudiantes extranjeros y nulo acceso a ayuda financiera federal. La imposibilidad de trabajar legalmente reduce las aspiraciones educativas y podría excluir a millones de niños del sistema educativo.
Lo que no ve Trump, o si lo ve, no le importa, es que la ciudadanía por nacimiento es un factor determinante para atraer a profesionales altamente cualificados como ingenieros, médicos, científicos, porque los trabajadores no solo buscan salarios, buscan estabilidad y seguridad para sus hijos. La eliminación de este derecho envía el mensaje de que el futuro de la familia en Estados Unidos será incierto. Esto ahuyenta al talento que busca construir una vida a largo plazo. En momentos en que China pone énfasis en la calificación de su población.
La derogación de la ciudadanía por derecho de nacimiento debilitaría la posición de Estados Unidos como destino preferido para los mejores profesionales del mundo y aquello con lo que nos bombardearon durante décadas: el gran “Sueño americano”.
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