La Justicia resolvió la liquidación de Sancor, en el marco de un proceso que se venía desarrollando desde hace meses. La medida implica la finalización de la actividad y la apertura de una etapa de realización de activos para afrontar obligaciones pendientes.
La decisión judicial se produce en un contexto de deterioro económico general. Según datos difundidos por el Indec, la actividad económica cayó 2,1% interanual en febrero y 2,6% respecto de enero, marcando una de las contracciones más pronunciadas de los últimos meses.
El fallo impacta de manera directa en la estructura productiva vinculada al sector lácteo, con consecuencias sobre trabajadores, proveedores y cadenas de comercialización. La liquidación implica la administración y eventual venta de bienes para cubrir pasivos.
En paralelo, distintos sectores de la economía registran caídas, entre ellos la industria con un retroceso de 8,7% y el comercio con una baja del 7%, lo que configura un escenario de retracción del mercado interno.
El proceso continuará con instancias judiciales orientadas a la verificación de créditos y la definición del destino de los activos, en un contexto donde la evolución de la economía condiciona las posibilidades de recuperación de las empresas en crisis.
