El Gobierno de Córdoba resolvió que los costos de los operativos policiales y de emergencia generados por falsas amenazas en escuelas deberán ser abonados por los responsables. La medida apunta a reducir este tipo de hechos y a resguardar recursos del Estado.
La disposición establece que, ante denuncias falsas de amenazas, se activan protocolos que implican la intervención de fuerzas de seguridad, bomberos y servicios de salud. Estos despliegues generan gastos que ahora serán trasladados a quienes originen las alertas.
Desde el Ejecutivo provincial indicaron que en los últimos meses se registró un aumento de llamados falsos que obligaron a evacuar establecimientos educativos. La situación afecta el normal desarrollo de las clases y demanda la movilización de personal y equipamiento.
El mecanismo contempla la identificación de los autores mediante investigaciones judiciales y tecnológicas. Una vez determinados, se procederá a la imputación de los costos operativos, además de las sanciones penales correspondientes.
La medida se enmarca en una política de prevención y control, con el objetivo de desalentar conductas que generan alarma social y afectan el funcionamiento del sistema educativo.
