Primero fue con la Ley Bases, y fue descartado, después entre julio, y noviembre de 2024, donde tampoco prosperó.
Ahora, el gobierno nacional insiste con la eliminación de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO); las mismas que en los últimos comicios fueron suspendidas.
El contexto es una mentada ‘Reforma política’ con la que La Libertad Avanza busca volver a imponer condiciones en la agenda.
Con los mencionados cambios, se aclara que “la selección de candidatos queda a criterio de cada partido según su carta orgánica”.
El proyecto que este miércoles ingresó a la Cámara de Senadores también le apunta al financiamiento partidario.
Puntualmente, el Estado busca eliminar su aporte a las campañas electorales. En su artículo 69, se propone derogar varios puntos de la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos en tal sentido.
El Gobierno le apunta a la publicidad electoral en los servicios de comunicación audiovisual, entre ellos los espacios de publicidad gratuitos en los medios, tan reconocibles en períodos de votación.
Se sostiene el aporte a los partidos, ya que la norma plantea que un 20 % del Fondo Partidario Permanente sea girado al Ministerio del Interior para “gastos operativos y aportes extraordinarios”; un veinte por ciento del resto será “en forma igualitaria entre todos los partidos” y lo demás proporcional.
Aportes privados
La gran singularidad de la Ley oficialista tiene como epicentro los montos que individuos o empresas puedan conceder a las listas.
La idea es que el tope máximo de los aportes privados pasen del 2 por ciento actual al 35%.
El cálculo surge de la multiplicación del valor del módulo electoral por la cantidad de electores registrados al 31 de diciembre del año previo.
El Gobierno tampoco quiere que puedan ser candidatos a cargos públicos electivos nacionales, ni ser designados en cargos partidarios" aquellas “personas condenadas por un delito doloso” y con la salvedad de que sea "únicamente en los casos en que la condena impuesta hubiera sido confirmada en segunda instancia, dictada antes del 31 de diciembre del año anterior al proceso electoral.
Posiblemente buscando alguna moneda de cambio, también fue incluida la utilización del voto “Lista Completa” en la Boleta Única Papel. Es sabido que varios partidos provinciales, virtualmente aliados a los libertarios, hicieron previamente el pedido para que no sea parte de la norma.