Una diputada pide aplicar la doctrina Irurzun y que Manuel Adorni sea detenido
La recorrida de Manuel Adorni parece no tener fin, y pese a su insistencia en afirmar que se trata de “temas personales”, la cantidad de gastos que afrontó en los últimos tiempos hace persistir las sospechas.
Denunciado por asociación ilícita, la Justicia busca conocer de qué manera afrontó cuantiosos costos desde que asumió como Vocero Presidencial.
El último capítulo ocurrió este lunes, después de que volviera a dar una conferencia de prensa al reabrir la Sala de Periodistas de la Casa Rosada.
La declaración de Matías Tabar, contratista que tuvo a su cargo diversas remodelaciones en la casa del Jefe de Gabinete en el country de Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, Buenos Aires, lo complicó al remarcar ante la Justicia que recibió pagos por U$S 245.000 en efectivo por su labor.
Pero ahora, sobre Adorni pesa un pedido de detención.
Lo solicitó la diputada nacional Marcela Pagano, una de sus denunciantes por sus excentricidades de funcionario, que van desde múltiples viajes y lujos hasta la adquisición de inmuebles y sus remodelaciones.
La legisladora sostiene su pedido afirmando que hubo “aprietes” sobre el mencionado Tabar “a través de WhatsApp”. Pagano remarcó que llegó a “ofrecerle beneficios a cambio de tergiversar su declaración”.
Para la denunciante, esto “es un claro entorpecimiento de la investigación” y en tal sentido “debe aplicarse la doctrina Irurzun”.
La referencia es el “criterio jurisprudencial” que se estableció hace poco menos de una década vía el camarista federal Martín Irurzun y que establece la prisión preventiva para funcionarios que sostengan poderes o vínculos que obstaculicen una investigación.
