La Legislatura de Córdoba aprobó un proyecto de declaración en respaldo a la cuarta Marcha Federal Universitaria, un reclamo que atraviesa a toda la comunidad educativa frente al desfinanciamiento. Tras la votación, la legisladora que impulsó la medida, Karen Acuña, y una de las que adhirió y defendió la postura en el recinto, Brenda Austin, brindaron declaraciones sobre la crisis que atraviesan las casas de altos estudios y la postura del Gobierno nacional.
Un pedido urgente de diálogo ante una situación "agónica"
Karen Acuña, autora de la iniciativa y legisladora provincial por Hacemos Unidos por Córdoba, puso de relieve la importancia de que el cuerpo legislativo cordobés acompañe institucionalmente el reclamo de las universidades. Según la legisladora, el objetivo fue "dar un valor simbólico al reclamo" y evidenciar que los sectores universitarios han agotado todas las instancias democráticas posibles.
"Parece que no hubiera lugar para el diálogo para poder solucionar este conflicto. Para las universidades ya es una situación agónica, no poder sostener el sistema universitario", advirtió Acuña. En este sentido, instó al Poder Ejecutivo a cambiar su postura: "Hemos ido por todos los canales democráticos. Ahora esperamos que se vuelva a abrir una mesa de diálogo y el presidente, por cuarta vez que se realiza la marcha, no haga oídos sordos y alguien de su gabinete se haga cargo de la situación".
Brenda Austin: "Destituyente es no cumplir con una ley del Congreso"
En la misma línea, la legisladora radical Brenda Austin ratificó el apoyo de la Legislatura al reclamo en defensa de la ley de financiamiento y en rechazo al veto presidencial. Durante su intervención, destacó que se trata de un "acompañamiento genuino de una realidad que no se le escapa a nadie", haciendo especial hincapié en la pérdida del poder adquisitivo de los docentes universitarios. "Han perdido un tercio de su capacidad, donde está la mayoría de los profesionales, que ganan menos de 300 mil pesos", precisó.
Austin también cruzó con dureza las declaraciones del subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, quien calificó la marcha como "destituyente". La legisladora rechazó esta etiqueta y devolvió la crítica al Ejecutivo: "Destituyente es no cumplir con una ley del Congreso que ordena la recomposición de las partidas salariales. El Poder Ejecutivo no puede funcionar ignorando el resto de los poderes: legislativo y judicial".
Finalmente, Austin defendió el manejo de los fondos y la transparencia institucional. "Estamos en una situación crítica porque hay un incumplimiento de una ley que genera un debilitamiento institucional que nunca vi antes", expresó la referente radical, quien exigió al presidente Javier Milei que garantice el envío de los fondos y recordó que las universidades se encuentran entre los organismos más auditados. Como ejemplo, mencionó que la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) "ha recibido un premio por estar entre las instituciones públicas con los mejores estándares de transparencia".