Momentos de tensión se vivieron este miércoles en el Senado de Filipinas, luego de que medios locales reportaran una serie de disparos en medio del operativo para detener al senador Ronald 'Bato' Dela Rosa, quien permanece dentro del edificio legislativo desde el lunes tras la orden de captura emitida por la Corte Penal Internacional.
De acuerdo con periodistas presentes en el lugar, las autoridades ordenaron evacuar a empleados y reporteros del segundo piso del Senado, donde se habrían escuchado al menos diez detonaciones. Hasta ahora no se informó quién efectuó los disparos ni se conocen mayores detalles sobre el incidente.
En medio de la confusión, el propio Dela Rosa publicó un mensaje en Facebook asegurando que “el Senado está siendo atacado” y pidió ayuda públicamente. Más tarde, el presidente del Senado y aliado del expresidente Rodrigo Duterte, Alan Peter Cayetano, intentó llevar calma al afirmar que, por el momento, todas las personas dentro del edificio estaban fuera de peligro.
La Policía Nacional filipina indicó posteriormente que estaba evaluando lo ocurrido y señaló que, según los primeros informes, no habría víctimas pese al tiroteo registrado dentro del recinto legislativo.
Horas antes, las autoridades habían anticipado que se concretaría la detención de “una persona”, aunque sin revelar oficialmente su identidad. Mientras tanto, se desconoce la situación exacta de Dela Rosa, exjefe de la Policía Nacional durante la polémica guerra contra las drogas impulsada por Duterte entre 2016 y 2022.
El senador había sido visto ingresando a un ascensor poco después de que se ordenara desalojar parte del edificio. Durante la mañana había descartado entregarse voluntariamente, argumentando que todavía cuenta con recursos legales para evitar su arresto. “Puedo permanecer aquí mientras siga siendo senador”, declaró tras pasar una segunda noche dentro del Senado, donde los arrestos requieren permisos especiales.
El lunes, la CPI hizo pública una orden de captura que inicialmente se mantenía bajo secreto contra Dela Rosa, a quien señala como presunto “coautor indirecto” de los crímenes vinculados a la campaña antidrogas del gobierno de Duterte. Según cifras oficiales filipinas, esa política dejó alrededor de 6.000 muertos en operativos y ejecuciones extrajudiciales, aunque organizaciones de derechos humanos elevan la cifra a unas 30.000 víctimas.
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