Femicidio de Agostina: la UCR denunció un “pacto de impunidad” para proteger a Ricardo Moreno
El escenario político en el Concejo Deliberante de Córdoba atraviesa horas de máxima tensión tras el femicidio de Agostina Vega. El principal acusado, Claudio Barrelier, no solo se desempeñaba como becario en el área de Tránsito de la Municipalidad, sino que su ingreso habría sido producto de una recomendación directa del concejal Ricardo Moreno, quien además fue su abogado defensor en una causa previa.
En una entrevista con Ahora Noticias por Canal 10, la presidenta del bloque de la UCR, Elisa Caffaratti, fue contundente al calificar como una "maniobra de impunidad" el desplazamiento administrativo de Moreno, que evitó su inminente expulsión del cuerpo legislativo.
Para la oposición, la decisión del Ejecutivo de reincorporar a un concejal titular (Raúl La Cava) para desplazar a Moreno de su banca fue un artilugio para eludir el debate de fondo sobre su conducta ética.
"Acá lo que interpretamos es que es un nuevo pacto de impunidad entre el Intendente y el Gobernador donde Moreno queda en el banco de suplentes. Teniendo la posibilidad de sacarle la tarjeta roja y expulsarlo, los peronistas le brindan la protección nuevamente para que quede como concejal suplente", disparó Caffaratti.
La edil advirtió que, bajo esta figura, Moreno mantiene la posibilidad de reasumir una banca ante cualquier ausencia de un titular: "Es indignante para nosotros y para los ciudadanos. Nos privaron de la facultad de poder echarlo este jueves".
Defensa de un femicida y "ficha limpia" bajo sospecha
El punto más crítico de la denuncia radica en la relación previa entre el concejal y el presunto femicida. Según se conoció, Moreno ejerció la defensa técnica de Barrelier en 2025, en una causa por privación ilegítima de la libertad, mientras el acusado ya cumplía funciones dentro de la Municipalidad.
Caffaratti cuestionó duramente el rol dual de Moreno: "Un concejal de la ciudad no puede estar defendiendo delincuentes. No podés entrar a tu casa, sacarte el traje de concejal y salir a defender narcotraficantes o femicidas".
La legisladora puso en duda los mecanismos de control del municipio. "Dicen que ingresó con su prontuario limpio, pero hay antecedentes desde 2016. Habrá que ver las relaciones políticas de esta persona para que esa ficha estuviera limpia".
Nuevos controles y reformas al Código de Ética
Ante los anuncios municipales de implementar narcotest y mayores controles de antecedentes a empleados, la UCR se mostró escéptica, calificándolos como un "show político" ante casos resonantes.
Por su parte, el bloque opositor adelantó que buscará modificar el Código de Ética para prohibir explícitamente el ejercicio de la abogacía penal en delitos graves para quienes ocupen bancas legislativas. Asimismo, impulsarán un convenio para que los antecedentes penales de cualquier empleado municipal sean comunicados de manera automática para evitar casos como el de Barrelier.
"Se trata de poner blanco sobre negro y expresarle a la ciudadanía que hay cosas que están mal y merecen una sanción ejemplar. Con esta maniobra, trataron de poner bajo la alfombra lo que debería quedar a la vista de todos", concluyó la titular de la bancada radical.
