Voces a favor y en contra: la Legislatura de Córdoba votó el Presupuesto 2026
La Legislatura de Córdoba aprobó en primera lectura el Presupuesto 2026 impulsado por el gobernador Martín Llaryora, junto con la Ley Impositiva y las modificaciones al Código Tributario, con los votos del bloque oficialista Hacemos Unidos por Córdoba y aliados circunstanciales. La palabra de Brenda Austin, de la UCR; y de Leonardo Limia, del cordobesismo.
El oficialismo, que cuenta con 34 bancas, logró garantizar la mayoría en una sesión que se extendió por más de seis horas y le permitió avanzar con el paquete fiscal sin mayores sobresaltos. Desde el Ejecutivo defendieron la iniciativa bajo el eje del “equilibrio fiscal con inversión”, destacando la previsión de recursos para obra pública, educación, salud y programas sociales, además de una anunciada rebaja impositiva.
En la vereda opuesta, los principales bloques opositores cuestionaron con dureza el contenido del proyecto. Legisladores de la UCR, el Frente Cívico y otros espacios críticos advirtieron que la baja de impuestos anunciada por el Gobierno es “parcial” y no compensa el peso de los aumentos acumulados en los últimos años. Desde esos sectores sostuvieron además que el presupuesto mantiene prioridades que no reflejan, a su criterio, las urgencias económicas y sociales de gran parte de la población cordobesa.
El próximo martes inicia la audiencia pública donde los vecinos pueden participar y opinar sobre el proyecto de Presupuesto.
Brenda Austin, de la UCR
La legisladora Brenda Austin, de la Unión Cívica Radical (UCR) dialogó en Fuerte y Claro, por SRT Media donde explicó que el acompañamiento general del radicalismo al proyecto de Presupuesto 2026 se funda en la necesidad institucional de evitar que la Provincia quede sin una ley de gastos aprobada. Según señaló, la falta de presupuesto habilita la prórroga automática del año anterior y otorga al Ejecutivo un alto margen de discrecionalidad en el manejo de los fondos. Además, indicó que existen partidas sensibles —como las salariales de docentes y trabajadores de la salud— que requieren una actualización urgente y que, sin presupuesto, quedarían aún más rezagadas.
No obstante, Austin remarcó que el respaldo no implicó un aval sin objeciones. Por el contrario, detalló que el bloque radical analizó artículo por artículo el proyecto de Presupuesto, la Ley Impositiva y el Código Tributario, marcando profundas diferencias. Entre los principales cuestionamientos mencionó que la anunciada “rebaja impositiva” no es real, que las prioridades de gasto no responden al contexto de pobreza que atraviesa la provincia, y que se registran recortes significativos en programas clave como el PAICOR, el boleto educativo, la infraestructura escolar, la vivienda y el acceso al agua potable.
Uno de los puntos más críticos señalados por la legisladora fue el esquema de financiamiento de la obra pública a través de agencias estatales, que, según advirtió, concentran cerca del 60% de los recursos con menores niveles de control. Austin alertó especialmente sobre la posibilidad de que la Provincia tome nueva deuda por hasta unos 2.500 millones de dólares a través de la Agencia Córdoba de Inversiones y Financiamiento (ASIF), evitando así el requisito constitucional de obtener los dos tercios de la Legislatura. Para la UCR, esta maniobra no sólo compromete seriamente las cuentas futuras, sino que debilita los mecanismos de transparencia y control del gasto público.
Leonardo Limia, de Hacemos Unidos por Córdoba
El legislador oficialista Leonardo Limia expresó su satisfacción tras la aprobación en primera lectura del Presupuesto 2026 y sostuvo que se trata de la continuidad de una línea de gestión basada en la previsibilidad, el superávit fiscal y la inversión en obra pública.
Explicó que el proyecto está marcado por un “alivio fiscal” para los contribuyentes, especialmente en el impuesto inmobiliario —que alcanza a más de 1,2 millones de personas— y por una reducción del 30% en la alícuota de Ingresos Brutos para los sectores comercial, industrial, de servicios y productivo. En ese marco, destacó también la continuidad de las políticas de promoción industrial para impulsar la actividad económica y el empleo en la provincia.
Limia remarcó además que el presupuesto mantiene el superávit fiscal, al que calificó como una práctica “sana” de administración, y subrayó la importancia de sostener una fuerte inversión social en salud, educación y programas de desarrollo social. En particular, defendió el rol de Córdoba como “polo sanitario” a nivel nacional y regional, y aseguró que el presupuesto permitirá seguir fortaleciendo la infraestructura hospitalaria tanto en la Capital como en el interior. En educación, destacó la continuidad de la inversión en infraestructura escolar, la construcción de aulas y el desarrollo de la Universidad Provincial de Córdoba, en línea con lo que definió como una marca histórica de los gobiernos de Hacemos por Córdoba.
Uno de los ejes centrales de la planificación para 2026, según detalló, será la obra pública, con una inversión proyectada cercana a 1,2 billones de pesos destinada a rutas, escuelas, acueductos, conectividad y obras de infraestructura en los 427 municipios y comunas de la provincia. Limia sostuvo que el objetivo es garantizar un criterio de equidad territorial, con especial foco en las regiones del norte, noroeste y sur provincial, donde, dijo, existen mayores desigualdades estructurales. “El presupuesto es el mapa de gestión del año próximo”, resumió, al destacar la necesidad de un Estado “eficiente y eficaz”.
Finalmente, el legislador respondió a las críticas opositoras sobre el rol de las agencias estatales y la supuesta falta de control. Limia rechazó de plano esos cuestionamientos y aseguró que en Córdoba todos los actos administrativos, tanto de la administración central como de las agencias y empresas del Estado, son controlados por el Tribunal de Cuentas. Además, defendió los niveles de transparencia de la Provincia, al señalar que organismos especializados ubican a Córdoba con las máximas calificaciones en acceso a la información pública, y afirmó que en los últimos años se produjo un reordenamiento y reducción de agencias para hacer más eficiente el gasto del Estado.
