En el Día de la Discapacidad, organizaciones y familiares marcharán por sus reclamos
Hace 25 años, el país suscribió la resolución de la ONU que estableció el 3 de diciembre como el Día de la Discapacidad. El colectivo sale hoy a la calle por una larga lista de reclamos que no tienen respuestas, en un año marcado por la afrenta con el Gobierno nacional.
La serie de reproches a Javier Milei quizás sea la más extensa que el sector haya acumulado nunca contra los distintos gobiernos. Están dejando a los chicos sin sus terapias y a los adultos sin la pensión. El daño puede ser irreparable, reclaman los organismos y familiares.
Con una larga lista de reclamos, que van desde la aplicación de la Ley de Emergencia –necesaria para sacar del ahogo financiero a las instituciones de apoyo– hasta el cese del ajuste sobre las pensiones (un fallo de la Cámara federal de Catamarca ordenó restituír las casi 200 mil que habían sido recortadas), distintas organizaciones tomarán este año el 3 de diciembre como un día de lucha contra Milei.
Habrá una concentración frente a la sede de la Andis para luego marchar hacia el Congreso, en simultáneo con los jubilados y las organizaciones sociales. También realizarán una conferencia de prensa junto a los médicos y residentes de Garrahan, que también se plegarán más tarde a la convocatoria multisectorial.
La del este miércoles al Congreso será una marcha más de las tantas que el colectivo protagonizó este año. Movilizaron a la quinta de Olivos, al Congreso, a la propia Andis y a Plaza de Mayo, con réplicas en las principales ciudades del país, siempre con reclamos renovados. A fuerza de salir a la calle, las familias y sus organizaciones lograron poner a la discapacidad en el centro del debate público, con la ayuda inestimable de la crueldad oficial.
Los números duros del presupuesto confirman las denuncias del colectivo. Según el análisis de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el programa Incluir Salud, que garantiza la cobertura de prestaciones de casi 500 mil personas que se atienden en el sistema estatal, sufrió un recorte acumulado de $300 mil millones en términos reales desde que asumió Milei. Es el mismo programa que paga los medicamentos de alto costo y en el que, de la mano de Diego Spagnuolo, funcionaba la cueva de las coimas.
Para palear el ajuste, las organizaciones no sólo salieron a la calle sino que impulsaron y acompañaron la Ley de Emergencia en Discapacidad, que aumentaba el valor del nomenclador (nombre que lleva el valor del servicio, ya sea de salud, educación o transporte) y ofrecía una suma fija para compensar lo perdido por la inflación desde 2023. La ley se votó con amplias mayorías, el Gobierno la vetó, el Congreso rechazó el veto y en Casa Rosada no tuvieron más remedio que promulgarla, aunque le vaciaron los fondos.
La reglamentación quedó en un limbo y el Gobierno recusó hace dos semanas al juez federal de campana Adrián González Charvay, quien estaba a punto de declarar la inconstitucionalidad del DNU con que la Rosada había vetado en los hechos la ley por segunda vez. Como compensación, la Andis otorgó aumentos del 35 por ciento en promedio, la mitad de lo que establecía la Emergencia si se hubiera reglamentado correctamente.
Un fallo reciente de la Cámara Federal de Catamarca comprobó esas irregularidades y ordenó al Gobierno a reponer las casi 200 mil pensiones que había recortado este año. El ajuste proyectado había llegado a las casi 500 mil, pero debieron dar marcha atrás tras el escándalo de los audios filtrados por Spagnuolo.
Pero el círculo no se cerró: según reveló ACIJ, en el Boletín Estadístico de la Seguridad Social figura como meta presupueustaria para 2026 un nuevo recorte de 197.041 pensiones.
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