Córdoba: Miguel Siciliano y Juan Pablo Quinteros defendieron la compra de drones
El Gobierno provincial salió al cruce del fallo del Tribunal de Cuentas que bloqueó la contratación de un sistema de drones de última generación para la Policía de Córdoba, en una conferencia de prensa brindada en la mañana de este lunes por los ministros de Vinculación y Gestión Institucional, Miguel Siciliano, y de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, en la que defendieron la transparencia del proceso y criticaron duramente a los organismos de control.
La polémica se desató luego de que el Tribunal de Cuentas, con mayoría opositora, frenara el avance de la licitación que implicaba una inversión cercana a 6,8 millones de dólares para dotar a una nueva división policial con 15 drones de alta tecnología.
Durante la conferencia, Siciliano defendió el procedimiento y planteó una clara distinción entre ejercer control y, en su visión, obstruir decisiones ejecutivas en materia de seguridad. “Una cosa es controlar y otra es obstruir”, señaló.
Apuntó directamente contra una oposición que -según planteó- aplica una doble vara: “No cuestionan al gobierno nacional cuando compra aviones por miles de millones de dólares mediante compra directa, pero en Córdoba bloquean una licitación pública y transparente destinada a combatir el narcotráfico”. En ese sentido, advirtió que se confunde deliberadamente el rol de control con la obstrucción política, con el único objetivo de frenar la acción de gobierno en un año preelectoral.
Siciliano sostuvo que detrás de las observaciones del Tribunal de Cuentas no hay objeciones administrativas, legales ni económicas, sino una decisión política de impedir que la Provincia avance en seguridad, infraestructura y políticas públicas clave. “No se observa corrupción ni sobreprecios, se cuestiona la conveniencia de gobernar”, afirmó, y reclamó que la oposición actúe con la misma severidad frente a Nación que frente a Córdoba. “Cuando se obstruye a un gobierno, no se daña al Ejecutivo: se daña a la gente”, concluyó.
Por su parte, Quinteros remarcó que no se trató de una compra directa, sino de una licitación abierta, pública y transparente con más de 70 pasos administrativos antes de la adjudicación, e insistió en que el proyecto buscaba incorporar un sistema tecnológico integrado para reforzar las capacidades operativas de la fuerza provincial.
Además, cargó con dureza contra el Frente Cívico, al que acusó de haber iniciado una campaña anticipada y de actuar con una clara intencionalidad política al frenar la compra del sistema de drones. Dijo sentir “vergüenza” al escuchar a los vocales del Tribunal de Cuentas hablar de una compra “exagerada”, cuando -remarcó- el propio Ministerio Público Fiscal secuestró recientemente tecnología de altísimo nivel en manos del narcotráfico, incluidos drones con visión nocturna y equipamiento de última generación. “Los delincuentes tienen tecnología de punta y nosotros no podemos combatirlos con herramientas obsoletas”, advirtió.
En ese marco, Quinteros sostuvo que la oposición proyecta en el Gobierno prácticas que le son propias y afirmó que no existe ningún hecho reprochable ni desde lo legal ni desde lo ético. Señaló que lo que se busca obstruir es una política pública central como la seguridad y calificó esa actitud como “miserable y alarmante”. “No estamos comprando un juguete ni algo que se consigue por internet: estamos adquiriendo un sistema integrado de seguridad”, insistió, y aseguró que impedirlo es funcional al delito organizado y al narcotráfico.
Por sus redes sociales, horas antes, los funcionarios se habían expresado sobre el tema.
Siciliano dijo: la oposición tiene que terminar con la politiquería como método" y que “el Tribunal de Cuentas no está para gobernar, está para controlar”.
Por su parte, Quinteros había indicado: “Cuando los organismos de control dejan de controlar y empiezan a hacer política, el problema ya no es un expediente: es la democracia. Detrás del cinismo de un supuesto “control”, el juecismo, disfrazado de libertario, pretende que haya menos seguridad para los cordobeses. No cuestionan el precio. No cuestionan el procedimiento. No cuestionan la idoneidad de las empresas. No cuestionan la legalidad. Cuestionan la decisión de equipar con tecnología del primer mundo a la Policía de Córdoba”.
