Denuncian “cartelización” en los controles de transporte: “Son 15 ingenieros puestos a dedo”
El Colegio de Ingenieros Especialistas de Córdoba (CIEC) habló sobre la existencia de una "aduana técnica" que sobrevive a los cambios de signo político desde 2009.
La polémica se remonta a la Disposición 25/2009, emitida durante la gestión de Ricardo Jaime en la Secretaría de Transporte. Aquella norma creó un registro cerrado que, en la práctica, funcionó como un embudo: solo 15 ingenieros "puestos a dedo por la política", según Inti Smith, presidente del CIEC, quedaron habilitados para certificar reparaciones y modificaciones en camiones y colectivos de todo el país.
Esa normativa que, bajo el argumento de "ordenar" el sistema, terminó entregando el control de todo el parque automotor de carga y pasajeros a una asociación privada con sede en Buenos Aires: la Asociación de Ingenieros y Técnicos del Automotor (AITA).
Uno de los puntos que detalló en diálogo con Fuerte y Claro, por las radios de los SRT, es la tercerización del poder de policía del Estado. Las certificaciones no pasan por organismos nacionales como el INTI o universidades públicas como la UTN, sino que se gestionan a través de un sistema informático privado.
"No pasaba por un ente público. Era un software privado de una asociación privada en Buenos Aires que gestionaba las fotos e informes", explicó Smith. Este mecanismo permitía situaciones inverosímiles: que un ingeniero en la Ciudad de Buenos Aires validara, en la misma tarde, reparaciones realizadas en provincias distantes, basándose únicamente en capturas digitales de baja resolución.
De control técnico a "impuesto al transporte"
Para el CIEC, la certificación de seguridad vehicular (CSV) ha dejado de ser una garantía técnica para convertirse en un costo fijo sin contraprestación. Los transportistas deben abonar sumas que oscilan entre los 200 y 400 mil pesos para que sus vehículos queden habilitados tras una modificación (como el agregado de un eje o un tanque de combustible).
"Termina siendo un impuesto. El transportista paga por una firma que nadie ve en persona. Es ejercicio profesional por foto, algo que legalmente no existe", sentenció el titular del Colegio. Según la denuncia, el sistema genera una facturación millonaria que, según sospechan los colegios profesionales, termina alimentando "cajas políticas" que blindan a estos 15 ingenieros en sus puestos a pesar de los recambios de gobierno.
El peligro en las rutas de Córdoba
La principal preocupación del CIEC es el impacto en la siniestralidad vial. Córdoba, al ser un nodo logístico central del país, convive con miles de camiones que circulan con reformas que no han sido supervisadas presencialmente por un ingeniero con responsabilidad civil y penal en el lugar de los hechos.
Smith advirtió que la "presencialidad es irrenunciable" cuando se trata de seguridad. Sin embargo, la normativa vigente permite que las modificaciones de seguridad crítica sean aprobadas por un profesional que se encuentra a 600 o 1.000 kilómetros de distancia del taller, lo que genera una zona gris de responsabilidad ante un eventual accidente por falla técnica.
El laberinto judicial: frenos a la apertura
Aunque el Gobierno nacional intentó introducir ajustes con la Disposición 10/2026 y el Decreto 196/2025 para reconocer la validez de los informes de ingenieros matriculados en sus respectivas provincias, la "resistencia porteña" no tardó en llegar.
"La Cámara de Talleres de Revisión Técnica metió una cautelar porque esto les corta cierto ingreso", explicó Smith. Esta traba judicial mantiene el sistema en un limbo, impidiendo que los ingenieros de Córdoba y otras provincias puedan ejercer su facultad de controlar lo que sucede en sus propias jurisdicciones.
