El Gobierno de Córdoba pidió la conciliación obligatoria para frenar el paro docente
Tras el anuncio de un paro por 72 horas por parte de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC), la administración provincial de Martín Llaryora salió a marcar su postura, ratificando la voluntad de diálogo pero anticipando medidas legales para garantizar las clases.
A través de un comunicado oficial, el Gobierno de Córdoba comenzó validando el pedido de recomposición salarial: "Se reconoce la legitimidad del reclamo docente", afirmaron, a la vez que ratificaron la decisión de avanzar en la mesa de diálogo con una nueva propuesta económica.
Sin embargo, para la Provincia, el paro de tres días "excede el marco" de la negociación actual. "Cada día sin clases no es neutro, genera una multiplicidad de conflictividades", señalaron fuentes oficiales, poniendo el foco en el impacto social que tiene el cierre de las escuelas.
La apuesta a la conciliación obligatoria
Ante la inminencia de las jornadas sin actividad, el Ejecutivo provincial confirmó que solicitará la conciliación obligatoria a la Secretaría de Trabajo. Según argumentan, esta herramienta es clave por cuatro motivos fundamentales:
- Garantía de clases: Permite que el ciclo lectivo no se interrumpa mientras se negocia.
- Tiempo de negociación: Brinda el plazo necesario para "construir una propuesta superadora".
- Sin descuentos: Al acatarse la conciliación, se evita el impacto de los descuentos por días no trabajados en los recibos de sueldo de los maestros.
- Canalizar el diálogo: Contribuye a ordenar la discusión considerando las diferentes posturas dentro de la comunidad educativa.
Si la autoridad laboral la dicta y las entidades sindicales la acatan, las medidas de fuerza deberían quedar en suspenso y los docentes regresar a las aulas mientras se retoman las reuniones paritarias bajo este nuevo marco legal.
