La reforma de la Ley de Glaciares enfrenta cuestionamientos en la Justicia
La Cámara de Diputados sancionó el pasado 9 de abril la reforma a la Ley de Glaciares por 137 votos a favor y 111 en contra, luego de un extenso debate que duró más de 11 horas, y tras fuertes cuestionamientos por parte de organizaciones de la sociedad civil.
La reforma representó sin dudas una victoria para el oficialismo en el ámbito del Honorable Congreso de la Nación. Tras la sanción de la ley, la Oficina del Presidente publicó un comunicado en su cuenta oficial de X en el que destacó que dicha modificación permitirá “garantizar seguridad jurídica y darle poder a las provincias para la utilización de sus recursos”. Ese, a priori, es el objetivo del Gobierno nacional.
Sin embargo, las críticas a la iniciativa surgieron desde distintas organizaciones y de la sociedad civil, incluso desde gobiernos provinciales.
Es el caso de la provincia de La Pampa, gobernada por el peronista Sergio Ziliotto, que presentó un amparo y declaró inconstitucional la reforma de la Ley de Glaciares, señalando que “debilita la protección ambiental y amenaza el agua del río Colorado y Atuel”.
La Pampa ha sido perjudicada históricamente por las restricciones hídricas que impone la provincia de Mendoza, al obstaculizar el cauce natural del río Atuel. Este conflicto escaló hasta la Corte Suprema de Justicia. En este marco, la reciente reforma de la Ley de Glaciares corre riesgo concreto de ser “trabada” en la Justicia.
El biólogo Federico Kopta, en diálogo con Canal 10, dijo que organizaciones como Greenpeace, entre otras, están "preparando una presentación colectiva", que recolectó hasta el momento más de 850 mil firmas.
"Esto muestra a las claras cuál ha sido el rechazo por parte de una enorme parte de la población" a la reforma de la Ley de Glaciares, agregó Kopta
La reforma, impulsada por el Gobierno nacional, flexibiliza la norma para permitir la minería y delega el control a las provincias.
Organizaciones ambientales denuncian que la reforma es una “regresión ambiental inconstitucional” porque vulnera el Acuerdo de Escazú, al cual Argentina adhirió.
Según el Inventario Nacional de Glaciares del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales, en Argentina hay 16.968 cuerpos de hielo cuya superficie es cercana a los 8.484 kilómetros cuadrados.
