El Gobierno de Córdoba dará un refuerzo económico a prestadores del sector de la discapacidad
La secretaria de Salud y Desarrollo Humano de la Provincia de Córdoba, Liliana Montero, confirmó en la tarde de este miércoles que el Gobierno de Córdoba asistirá con recursos económicos a prestadores de servicios del sector de discapacidad, un universo que se ha visto afectado por las políticas de Nación.
Para volcar recursos a prestadores, se hará uso del Fondo de Emergencia para la Discapacidad.
"Ese fondo se compondrá de entre 400 y 450 millones de pesos", confirmó Montero. Según la funcionaria, la inyección de dinero permitirá a las instituciones salir "de este agujero en el que se encuentran".
"La provincia acompaña y ayuda, pero no va a resolver lo que la ejecución de la ley de emergencia en discapacidad debe resolver", interpretó Montero, replicando las críticas que durante la semana se desplegaron desde el Gobierno de Córdoba hacia Nación.
Sobre los recursos del Fondo de Emergencia para la Discapacidad, el gobernador Martín Llaryora dijo que, debido a la crisis nacional que se desarrolla sobre el sector, desde ahora se va a "acelerar" la entrega de dichos fondos.
"Este fondo originalmente fue creado para financiar proyectos nuevos y mejorar la inclusión, pero he tomado la decisión de aplicarlo exclusivamente para sostener y reforzar a las instituciones en este momento de crisis", explicó el mandatario.
El gobernador recibió en el Centro Cívico a prestadores de servicios y se comprometió a brindar un refuerzo económico ante el no cumplimiento de Nación de aplicar la ley de emergencia en discapacidad.
"Dejar abandonados a los abuelos, dejar abandonadas a las instituciones de discapacidad, nos parece de una crueldad inmensa", dijo Llaryora buscando el contraste entre las gestiones del Gobierno provincial y nacional.
Una realidad adversa
Los representantes del sector dieron cuenta del complejo momento que atraviesan y que, pese a la sanción de la ley de emergencia por parte del Congreso, la situación se ha visto agravada por la morosidad de los programas nacionales.
Algunas de las instituciones, como el Cottolengo Don Orione, la Fundación IRAM o la Asociación Apadim, tienen más de 100 personas a cargo y dejaron de percibir los aportes de PAMI o del programa de cobertura social Incluir Salud.
Todas las entidades participantes vienen recibiendo el acompañamiento de la Provincia y trabajan, desde hace más de dos años, en emprendimientos laborales, de capacitación y de autonomía en el marco del Fondo Provincial de Inclusión Social, que este año incrementó su inversión a 4.500 millones de pesos.
