Ordenaron la indagatoria de 29 personas por la causa corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad
El Juzgado Federal N°11 citó a indagatoria a 29 personas por presunta corrupción en la ANDIS (Agencia Nacional de Discapacidad), incluyendo empresarios del sector médico y exfuncionarios como Diego Spagnuolo (ex titular de ANDIS) y Daniel Garbellini (exdirector nacional de Acceso a los Servicios de Salud).
Las audiencias serán entre el 28 de abril y el 26 de mayo, y se ordenó la inhibición de bienes.
La lista incluye la ampliación de las declaraciones de otras cinco personas ya procesadas en la causa, el exdirector nacional de Acceso a los Servicios de Salud, Daniel María Garbellini; y Miguel Ángel Calvete, acusado de actuar como intermediario entre funcionarios y directivos de laboratorios y droguerías.
La causa investiga un esquema sostenido entre 2023 y 2025 en el que funcionarios y empresas habrían manipulado compras públicas de insumos y medicamentos de alto costo.
Según fiscales, existió direccionamiento de contrataciones, cartelización y un sistema de retornos que generó ganancias millonarias ilegales en perjuicio del Estado.
La investigación detectó un entramado organizado que incluía acuerdos de precios, facturación irregular, empresas pantalla y posible lavado de dinero. Miguel Ángel Calvete habría actuado como intermediario clave, coordinando precios y adjudicaciones a cambio de comisiones.
Para los fiscales, la ANDIS funcionó como una “ventanilla de pagos indebidos”, donde se priorizaron intereses privados sobre los públicos mediante un mecanismo sistemático de corrupción.
Para la fiscalía, se reveló “la existencia de un entramado organizado, mediante el cual se manipularon los procedimientos de compulsas de precios correspondientes al Programa Federal ‘Incluir Salud’, con el fin de asegurar la adjudicación de contrataciones en favor de un grupo reducido de empresas previamente seleccionadas, alternándose y redistribuyendo las ganancias”.
En esa línea, los fiscales Picardi y Rodríguez marcaron que la investigación desplegada hasta ahora y que aún sigue en proceso ya permitió identificar que la operatoria ilícita no se limitó al direccionamiento de las adjudicaciones, sino que incluyó un mecanismo específico de distribución de las ganancias obtenidas.
“Este mecanismo permitió generar un flujo sostenido de adjudicaciones direccionadas, garantizando la percepción de sumas millonarias por parte de las empresas beneficiadas, en detrimento de los principios de legalidad, transparencia y concurrencia que rigen la contratación pública y a cambio de retornos”, recalcaron.
“Diego Spagnuolo no sólo incumplió sus funciones como funcionario público, sino que montó en la agencia a su cargo una organización criminal destinada a generar permanentes ganancias a grupos reducidos de empresarios”, concluyeron los fiscales Picardi y Rodríguez.
“La ANDIS fungió como una permanente ventanilla de pagos indebidos para sostener negocios espurios, en perjuicio del Estado Nacional, tanto en lo relativo a medicamentos como insumos, que, por sus particularidades, resultan de alto impacto y baja incidencia”, agregaron en otro tramo del dictamen.
